La Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó una medida impulsada por el Ayuntamiento de Hermosillo que buscaba intervenir viviendas deshabitadas en la ciudad. En una decisión unánime, el máximo tribunal anuló varias disposiciones del reglamento municipal que permitían a la autoridad tomar control de propiedades privadas.
La propuesta del municipio planteaba que, con el objetivo de mejorar el entorno urbano, se pudieran ocupar casas vacías para rentarlas o ceder su uso a empresas. Sin embargo, los ministros determinaron que este tipo de acciones exceden las atribuciones de un ayuntamiento, ya que no tienen facultad para decidir sobre la propiedad privada.
Durante la discusión, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz advirtió que este tipo de medidas podrían convertirse en una “especie de expropiación sin indemnización”, lo que representaría un riesgo para distintos sectores de la población.
El fallo dejó sin efecto varios artículos del reglamento al considerar que invadían funciones que corresponden al Congreso estatal. “Las normas rebasaban la potestad reglamentaria municipal e invadían competencias del Congreso”, señaló el ministro Giovanni Figueroa Mejía.
A pesar de esto, la Corte permitió que continúen las declaratorias de abandono, pero únicamente con fines administrativos, como la aplicación de sanciones por falta de mantenimiento o riesgos estructurales, sin afectar la propiedad de los inmuebles.
Con esta resolución, se marca un límite a las acciones del municipio y se refuerza la protección del patrimonio de los ciudadanos, dejando claro que cualquier estrategia en materia de vivienda debe apegarse a lo que establece la ley.
