El epitafio de la investigación que apuntaba hacia los mandos operativos del Ejército que intervinieron en el despliegue de fuerza durante la noche del 26 de septiembre del 2014 cuando desaparecieron los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, comenzó a escribirse el viernes 9 de septiembre de 2022, cuando Sara Irene Herrerías, fiscal especializada en derechos humanos, y Adriana Campos López, fiscal de asuntos internos en la Fiscalía General de la República (FGR), firmaron la cancelación de 21 órdenes de aprehensión 16 de ellas contra militares.
Ambas funcionarias estaban en ese momento al frente de un equipo de FGR encargado de “limpiar” las investigaciones que hasta ese momento había realizado la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el caso Ayotzinapa (Ueilca). Su labor por órdenes del fiscal general Alejandro Gertz Manero fue desactivar las acusaciones que apuntaban al núcleo de funcionarios y ex funcionarios públicos involucrados por omisión o complicidad con la banda criminal que perpetró la desaparición de los jóvenes. Las funcionarias tenían orden de dejar sin efecto la acción penal contra los militares de dos batallones (el 27 y el 41) y con ello anular la ruta jurídica que apuntaba a la línea de mando que conectaba con las comandancias de 35 Zona Militar en Chilpancingo y la Novena Región Militar en Acapulco.
La cancelación de las órdenes de aprehensión fue temporal, 16 se reactivaron en junio pasado pero dejó de lado líneas de investigación que mapearon la red de complicidades en distintos niveles que permitió se perpetrara el crimen sin que ninguna autoridad de gobierno interviniera para impedirlo.
Nueve años después de la desaparición de los 43 estudiantes, la entrevista que publicó esta semana el colega John Gibler con Omar Gómez Trejo, ex jefe de la Ueilca, adquiere particular relevancia para entender en qué momento el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió anular la investigación después de reventar el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por rutas separadas el GIEI y la Ueilca llegaron al mismo punto, se toparon con el muro verde olivo. El subjefe operativo en el Estado Mayor de la Defensa Nacional en septiembre de 2014 era Luis Crescencio Sandoval González. Por su oficina pasaron oficios que el último informe del GIEI recogió para explicar el contexto de la intervención de las distintas áreas militares aquella noche en Iguala.
Los padres de los 43 exigieron al presidente López Obrador que ordenara al hoy secretario de la Defensa Nacional permitiera revisar el contenido de 866 documentos entre los que está una minuta de la conversación donde se registra el traslado de 17 normalistas que eran llevados a “un lugar para privarlos de la vida”. El general respondió en otra misiva que quien podría tener mayor información es Gildardo López Astudillo, alias “el cabo Gil”, uno de los autores materiales de la desaparición de los estudiantes, convertido en testigo colaborador por la FGR y uno de los que detalló las corruptelas de militares del 27 y 41 batallones.
El Presidente no cedió y por el contrario aseguró que toda la información del caso ya estaba disponible. Quedó claro, el grupo militar al servicio político de López Obrador ganó inmunidad transexenal.
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