Por afectar los procesos jurídicos que actualmente están vigentes en torno a la tragedia de la Guardería ABC, padres y madres que integran el grupo Manos Unidas por Nuestros Niños se mostraron en desacuerdo con la expropiación de los terrenos en los que se ubica este inmueble en la colonia Y Griega, para la construcción de un memorial.
A través de un comunicado, sus representantes señalaron su inconformidad con lo expuesto en la publicación que se hizo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado del decreto, en el que se expone que siete predios que se encuentran sobre las calles Periférico Sur, De Los Vaqueros, De Los Mecánicos y De Los Ferrocarrileros, pasarán a ser propiedad de la administración estatal, donde se maneja la posibilidad de que se indemnice a los propietarios.
Los inmuebles en cuestión cuentan con las siguientes claves catastrales: 3600-14-002-003, 3600-14-002-005, 3600-17-002- 008, 3600-17-002-001, 3600-17-002-006, 3600-17-002-002 y 3600-17-002-004, todos dentro de la manzana 2, zona 17, que juntos comprenden una superficie de 7,814.795 metros cuadrados, cuyo valor total es de 34 millones 154 mil pesos.
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La misiva tiene como destinatario el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en la cual se busca que se detenga la intención de derribar la ex estancia infantil, ya que se destruiría lo que se conoce como la “escena del crimen”.
“Se impedirá con tal acción que cualquier clase de diligencia judicial o ministerial que se necesite realizar en el lugar de los hechos, ya no sea posible hacerlo y con ello se abandone la posibilidad de establecer la “verdad histórica de los hechos” y consecuentemente conocer las verdaderas causas del incendio que produjo la muerte y lesiones de nuestros hijos e hijas, así como de aquellas personas que tienen responsabilidad directa en su muerte”, expresaron en uno de los párrafos del documento.
Señalan que desconocen cuántas víctimas han solicitado a la administración estatal ese procedimiento, pero afirman que no fue la mayoría, dado a que quienes integran esa agrupación no fueron contemplados, ya que son los principales interesados en conocer la verdad de las circunstancias en las que sus hijos perdieron la vida.
Sostuvieron que dicho inmueble todavía se encuentra legalmente asegurado por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) al ser parte principal de las investigaciones para tratar de encontrar el trasfondo del incendio que provocó la muerte de 49 menores y dejó más de un centenar de lesionados y con ello se finquen responsabilidades a los posibles culpables.
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“Ignoramos si para las familias que están solicitando el bien inmueble para el memorial ya se olvidaron de buscar y reclamar la justicia para sus hijos y tengan otra clase de intereses o propósitos, pero nosotros seguimos firmes en el reclamo de justicia y por lo tanto combatiremos jurídicamente el acto de expropiación porque lo consideramos totalmente arbitrario e ilegal, dando la apariencia de tener una finalidad social cuando en realidad el resultado que esta acción producirá será el de impedir que se conozca la verdad sobre la muerte de nuestros menores hijos”, externaron.
En la publicación del decreto en el Boletín Oficial no se detalla si dichos predios serán donados, entregados en comodato o bajo algún esquema de arrendamiento a los padres del Movimiento 5 de Junio, quienes son los que anunciaron esas acciones que van desde la construcción de un memorial, varias salas de exposición, así como un pabellón para exposiciones al aire libre, un anfiteatro para espectáculos y encuentros culturales, un jardín botánico, entre otras obras.
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