Desde mañana ningún deudor alimentario o agresor puede ser candidato a cargos de elección popular, o permanecer en algún puesto como servidor público al entrar en vigor la Ley 3 de 3 que impulsaron mujeres de todo el país en todos y cada uno de los estados, entre ellos Sonora.
Desde este jueves, la Ley 170 conocida como 3 de 3, entra en vigor después de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en un largo camino recorrido, marcado por la organización ciudadana, la persistencia y la presión realizada hacia diputados, diputadas y senadores, tanto a nivel federal como a nivel estado; y después, hacia los cabildos en los municipios.
Incluso, comentó una de las líderes del movimiento en la entidad, Leticia Burgos Ochoa, tuvieron que meterse de lleno en el proceso que debieron hacer por sí solos los legisladores y legisladoras, notificando a los ayuntamientos cuando ya la pelota estaba en su cancha para que lo aprobaran en lo municipal, luego para que notificaran al congreso en el tiempo límite marcado por la ley.
Fue una labor ‘titánica’ y ejemplar que al México de hoy le deja el mensaje de que no hay poder más grande que el de los ciudadanos cuando se organizan y trabajan en sintonía, poniendo sobre la mesa los acuerdos que sí llevan un beneficio general, pero sobre todo que dan respuesta a la necesidad social.
En al caso de Sonora se aprobaron en total 14 artículos Constitucionales para que los tres poderes del Estado y organismos autónomos, se sujeten al mandato de que los aspirantes a servidores públicos no cuenten con antecedentes de agresión familiar, sexual o sean deudores de pensión alimenticia como padres de familia.
