El empresario Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono libraron las órdenes de aprehensión que se giraron en su contra en junio de 2022 por el presunto fraude de más de cinco mil millones de pesos cometido en perjuicio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
En sesión de este miércoles, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en la Ciudad de México determinó que los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que les fincó la Fiscalía General de la República (FGR) nunca pudieron ser comprobados.
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De tal manera que por unanimidad, los magistrados concluyeron que los derechos de Zaga Tawil y su hijo fueron violados en una acusación en la que no se le pudieron acreditar los ilícitos mencionados, por lo que ordenaron revocar las órdenes de aprehensión en su contra.
“De los datos de prueba se advierte que tales elementos típicos (que acreditan la comisión de delitos de delincuencia organizada, como el que tres o más personas se organicen para cometer delitos de manera reiterada) no se actualizan y violan los derechos fundamentales del quejoso de seguridad jurídica, de exacta aplicación de la ley, formalidades del procedimiento y presunción de inocencia”, expuso el magistrado ponente Ricardo Ojeda Bohorquez.
Con esta decisión Elías Zaga Hanono queda libre del único proceso penal que existía en su contra, mientras que su padre Rafael Zaga Tawil libra esta acusación, pero aún tiene pendiente otra por aparente defraudación fiscal que le imputa la FGR.
El caso Infonavit se remonta a 2014, cuando el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se desempeñaba como director del Infonavit en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En ese entonces el instituto contrató a la empresa Telra Realty para realizar remodelaciones en viviendas usadas.
Sin embargo, dos años después de celebrar diversos contratos, el Infonavit dio por terminada la relación laboral en 2017 con la inmobiliaria propiedad de los Zaga, por lo que los indemnizó con cinco mil 88 millones de pesos.
Para la FGR, la indemnización pagada por el Infonavit a Telra fue ilícita porque dicha empresa no contaba con el capital, experiencia profesional ni infraestructura para llevar a cabo el proyecto, es decir, era una empresa fantasma, por lo que se cometieron operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
El Tribunal, sin embargo, manifestó que la indemnización no fue violatoria de la ley, pues ésta ocurrió luego de que se cancelaran contratos que fueron firmados legalmente por el Infonavit y Telra Realty.
Sobre este asunto, también fueron imputados en su momento los empresarios André y Max El Mann Arazi , quienes libraron la cárcel luego de apegarse a un criterio de oportunidad con la FGR en el que devolvieron a la federación dos mil millones de pesos.
Los recursos incluso habrían sido entregados el 10 de febrero de 2020 por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero mediante un cheque al presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual, reveló posteriormente la Auditoría Superior de la Federación, carecía de fondos.
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Por otro lado, aún queda pendiente la acusación en contra de Teófilo Zaga Tawil, quien se encuentra preso en el penal federal del Altiplano, también por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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