La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, firmaron un decreto presidencial que redefine los lineamientos de acceso a la información y fiscalización dentro del Gobierno Federal.
La medida establece que las dependencias federales deberán hacer públicos sus contratos y licitaciones de forma mensual, acortando el plazo trimestral que se utilizaba anteriormente. Asimismo, el decreto abarca a empresas públicas del Estado como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), exigiendo la difusión constante de sus estados financieros, políticas de operación y datos sobre sus empresas filiales.
Entre las modificaciones principales destaca la reestructuración de las causales de reserva de información. Con el nuevo marco, la restricción de datos quedará limitada estrictamente a motivos de seguridad nacional e interés público, buscando erradicar la discrecionalidad en la clasificación de archivos gubernamentales.
Este paquete de normas se implementa en el marco de la transición institucional tras la disolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas atribuciones y la administración de la Plataforma Nacional de Transparencia pasan formalmente a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
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