Anoche se informó la muerte de Juan Ramos López, fiscal especializado de Control Competencial de la Fiscalía General de la República (FGR), quien dejó como pendientes las acusaciones en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, en el caso Odebrecht, y de Juan Ramón Collado, por el caso Caja Libertad.
Ramos López, mano derecha del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, falleció ayer luego de someterse a una cirugía en el riñón que aparentemente sería rutinaria, sin embargo, al complicarse, fue declarado muerto en el Hospital Ángeles Pedregal, mismo en donde se encuentra internado Juan Collado.
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Por su cercanía con Gertz Manero, Juan Ramos López incluso quedó al frente de la FGR entre diciembre y enero pasados, cuando el fiscal General viajó a Estados Unidos para ser operado de la columna. Asimismo, le fueron asignados casos relevantes a nivel político.
Entre ellos la acusación en contra de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, por el caso conocido como la Estafa Maestra, en el cual finalmente fue absuelta por un juez federal en febrero pasado.
Pero también estaba a cargo de supervisar los avances en los casos abiertos contra Emilio Lozoya, quien permanece en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, y Juan Ramón Collado, que apenas esta semana le fueron modificadas las medidas cautelares, permitiéndole recobrar la libertad a cambio de portar un brazalete electrónico.
Caso Lozoya
Ambos casos quedan pendientes de resolver. La acusación contra Lozoya Austin se encuentra en pausa, ya que tanto la defensa del exfuncionario como los representantes de la FGR presentaron recursos de apelación para frenar la decisión del juez de Control Gerardo Genaro Alarcón López de declarar la apertura de juicio.
La FGR se inconformó porque el juzgador decidió desechar pruebas que considera relevantes para que Emilio Lozoya pueda ser declarado culpable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y asociación delictuosa por presuntamente haber recibido sobornos a cambio de beneficiar a Odebrecht con contratos.
Las pruebas que busca que no sean desechadas son comprobantes fiscales y bancarios que confirmarían las supuestas transacciones fraudulentas, ya que de hacerlo la acusación en contra de Lozoya se sustentaría únicamente en declaraciones. El contraargumento de la defensa es que dichos documentos fueron obtenidos mediante intervención de comunicaciones sin autorización de un juez.
Por su parte, los abogados del exfuncionario promovieron un recurso similar para que los cargos fueran declarados prescritos, debido a que el proceso en su contra mostraba aparentes irregularidades como el hecho de que se le otorgó más tiempo del que contempla la ley para que la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera ejercieran acción penal.
Cuando se resuelvan estos dos asuntos será que el proceso podrá continuar con la apertura del juicio o bien con la reposición.
Caso Collado
Respecto a Juan Ramón Collado, esta semana se conoció que un juez de Control otorgó el cambio de medidas cautelares que lo mantenían en prisión preventiva desde 2019, por el caso de Caja Libertad, por presuntamente haber sido partícipe de la compra irregular del inmueble sede de la financier en Querétaro, operación que ascendió a 173 millones de pesos.
El principal argumento del juez Gustavo Aquiles Villaseñor para tomar su decisión fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en marzo de este año en la que ordenó al Estado mexicano eliminar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.
También refirió los recientes problemas de salud que Juan Collado, los cuales incluso lo tienen fuera del Reclusorio Norte recibiendo atención médica en el Hospital Ángeles del Pedregal.
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Todavía en el cargo, y en la que sería una de sus últimas decisiones, Juan Ramos López ordenó a los fiscales no oponerse al cambio de medida cautelar, por lo que no hubo debate en la audiencia y en cuanto pueda trasladarse al centro penitenciario para que se le coloque el brazalete, éste podrá recobrar su libertad.
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