La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila crear un registro público de las infracciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y demás servidores públicos, a las leyes electorales, el cual podría ser utilizado para calificar la elección presidencial del próximo 2 de junio.
El registro fue propuesto por la magistrada Janine Otálora en su proyecto que plantea confirmar la sentencia de la Sala Especializada que determinó que el presidente vulneró el principio de la equidad en la contienda, cometió promoción personalizada e incurrió en uso indebido de recursos públicos con el discurso que emitió en el evento denominado Quinto aniversario del triunfo del pueblo, que tuvo lugar el 1 de julio de 2023 en el Zócalo de la Ciudad de México y en el que arremetió contra la oposición.
“Mi propuesta de abrir un cuaderno de antecedentes, un cuaderno auxiliar vinculado con el dictamen de la calificación presidencial, en la cual se vayan registrando todas las sentencias, todas las resoluciones emitidas por diversos órganos y autoridades en los que se acreditó de manera definitiva que cualquier titular de un poder ejecutivo (…) violó un principio fundamental en nuestra democracia que es el de la equidad”, dijo.
La magistrada Otálora explicó que su propuesta está motivada en que el presidente o los gobernadores no pueden ser sancionados directamente por el Tribunal Electoral, lo que ha provocado que las sentencias que emite el TEPJF por violaciones a la ley electoral queden en letra muerta.
“Esas sentencias quedaron letra muerta, sinceramente. Me parece que en lo que llevamos de este proceso electoral estamos caminando en el mismo sentido (..) De ahí esta propuesta de abrir un cuaderno de antecedentes”, expresó.
La magistrada presidenta del TEPJF, Monica Soto, se sumó a la propuesta de crear el registro y pidió a Janine Otálora aplazar la aprobación de sus proyecto, con el fin de robustecer el registro que, dijo, tendrá el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía la injerencia de los servidores públicos en las elecciones.
“Este catálogo de sujetos sancionados no sólo sería útil para la consulta ciudadana con fines de transparencia y justicia abierta sino que cualquier parte interesada podría hacer uso de éste para recabar información relativa a la injerencia de personas servidoras públicas en las elecciones o conductas que podrían tener algún impacto en sus condiciones de eficacia”, dijo Soto.
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La magistrada Otálora aceptó aplazar la discusión del asunto, mismo que será abordado en la sesión pública de la próxima semana, una vez que precise cómo funcionará el registro y los efectos jurídicos que tendrá.
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