Samuel García afirma que pese a la pérdida de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal, el Estado continuará investigando la corrupción.
El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, afirmó que aunque el PRI y el PAN lograron quitarle al gobierno del estado la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), su gobierno realizará las investigaciones correspondientes en materia de corrupción relacionada con personajes de ambos partidos.
A raíz de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto de una reforma que aprobó en 2022 el Congreso local para transferir la UIFE de la Secretaría de Finanzas a la Fiscalía General de Justicia, el gobernador comentó: “Yo creo que por eso esta gente (priistas y panistas) creen que al quitarnos la UIFE ya no los vamos a investigar, pues no”.
García Sepúlveda expresó que una tarea del Estado es justo investigar la corrupción que tienen gobiernos anteriores, incluidos los alcaldes, los diputados, los magistrados de gobiernos anteriores y el actual; entonces, “pues qué lástima, pero que sirva de aprendizaje para la sociedad”.
A su vez Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, señaló que con la resolución de la SCJN se hace justicia a todas las personas que han sido perseguidas por la UIFE, que fueron denunciados por dicha entidad que ahora dependerá de la Fiscalía General, entre ellos no solo servidores públicos de oposición, sino también empresarios y ciudadanos, ya que Samuel García no solo persiguió a políticos de oposición sino también a sus familiares, “todo aquel que piense diferente que el gobernador”.
Agregó que además de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, el mandatario estatal utilizó para tal fin a diversas secretarías como las de Salud, del Trabajo, y del Medio Ambiente, entre otras.
Por eso, la reforma a la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado (decreto 196), que fue aprobada desde mediados de 2022 y tuvo que ir al pleno de la Suprema Corte, ya que Samuel García se negaba a publicar el decreto para que entrara en vigor, pero tuvo que hacerlo al ser emplazado a realizar la publicación, pues ya no le quedaba otra salida.
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