Un juez federal resolvió no vincular a proceso a dos ex colaboradoras de Jesús Murillo Karam, por un supuesto desvío de más de 11.6 millones de pesos de la Partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional
Debido a que la Fiscalía General de la República “perdió” evidencias clave, un juez federal resolvió no vincular a proceso a dos ex colaboradoras de Jesús Murillo Karam, por un supuesto desvío de más de 11.6 millones de pesos de la Partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional.
El juez de control federal Jesús Eduardo Vázquez rechazó procesar por los delitos de uso indebido del servicio público, peculado y fraude a la ex Oficial Mayor de la PGR, Aracely Gómez Molano, y su ex directora de Programación y Presupuesto, Déborah Schlam Epelstein.
La FGR imputó supuestas contrataciones ilegales de consultoría; de equipos de seguridad, inteligencia, y radios de comunicación, para la Ayudantía de Murillo Karam; así como apoyos económicos a víctimas del delito y pago de gratificaciones extraordinarias a colaboradores en funciones oficiales especiales.
El cuestionamiento de la Fiscalía es que esos gastos carecían de estudios de mercado y de justificación para la adjudicación directa; sin embargo, hay registros de que esos documentos sí existieron y los perdió la propia FGR, razón por la que no podía sostenerse la imputación.
Este es el primer caso que libra Gómez Molano, quien tiene tres procesos en curso por otras supuestas compras ilegales; para Schlam, defendida por el defensor público Luis Bolívar Realpe, son ya dos imputaciones que le hace la FGR y en ambas le dictaron la no vinculación a proceso.
Sobres incompletos
En 2014 y principios de 2015 Gómez Molano solicitó a Murillo Karam autorizarle 12.1 millones de pesos de la Partida 33701 Gastos de Seguridad Pública y Nacional, suma que le fue aprobada.
De esa cantidad, la FGR imputó a la ex Oficial Mayor de aplicar 11.6 millones para fines distintos a los que estaban legalmente destinados.
El dinero fue destinado a un contrato de consultoría de 6.2 millones de pesos con el despacho Vázquez Nava y Consultores S.C. una suma que la FGR tilda de “excesivo”.
Los otros 5.4 millones fueron empleados para distintos rubros como la compra de equipos de inteligencia para el personal la Ayudantía de Murillo Karam.
También, para apoyos y protección a víctimas del albergue La Gran Familia, de Zamora, Michoacán; apoyos económicos a diversas víctimas de delito, y gratificaciones.
Según el Manual de la Partida 33701, cada vez que sean usados sus recursos, los documentos y comprobantes de la erogación deben ser guardados en un sobre.
El 6 de abril de 2015, en su acta de entrega recepción, Gómez Molano asentó la entrega de 11 sobres con la información del total de esos gastos cuestionados por la Fiscalía.
La imputación fracasó porque la FGR sólo presentó ocho de los 11 sobres y en los tres faltantes estaban estaban los estudios de mercado y la justificación de la adjudicación directa.
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