Por el supuesto descongelamiento ilegal de cuentas bancarias con más de mil 400 millones de pesos, algunas de ellas de capos de la droga.
Un juez federal resolvió anoche no vincular a proceso a Orlando Suárez López y Mauricio Moreno Balbuena, titular y director, respectivamente, de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el sexenio pasado, por el supuesto descongelamiento ilegal de cuentas bancarias con más de mil 400 millones de pesos, algunas de ellas de capos de la droga.
Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, concluyó que la Fiscalía General de la República no presentó datos de prueba para procesar a los dos exfuncionarios por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, y a Moreno también por lavado de dinero.
La FGR imputó a los ex mandos de la UIF de haber emitido ilegalmente dos acuerdos de desbloqueo, el 4 y 18 de junio de 2018, en favor de 975 personas que tenían en sus cuentas un total de mil 413 millones 822 mil 177 pesos, así como 18 millones 889 mil 29 dólares y 2 mil 660 euros.
Entre los titulares de esas cuentas está María Guadalupe Gastélum Payán, viuda de Juan José Esparragoza Moreno, ‘El Azul’, extinto capo del Cártel de Sinaloa, y sus hijas Brenda Guadalupe y Nadia Patricia Esparragoza Gastélum.
También desbloquearon las cuentas de la esposa de Rafael Caro Quintero, María Elizabeth Elenes Lerma, y sus hijos Héctor Rafael, Henoch Emilio, Mario Yibrán y Roxana Elizabeth Caro Elenes.
De acuerdo con autoridades judiciales, el juez Alarcón consideró que la conducta que pretende sancionar no fue debidamente encuadrada por la FGR, porque el uso indebido de atribuciones y facultades aplica al otorgamiento ilegal de permisos y licencias de contenido económico, siempre y cuando se trate de recursos del erario.
Y en este caso, el dinero involucrado no es del erario sino de cuentas de particulares y estaban sometidas a una medida precautoria, no a un decomiso, figura que sí implicaría la transferencia de la propiedad de los recursos en favor de la Federación.
Adicionalmente, también desestimó que los oficios de descongelamiento fueran ilegales, en virtud de que el titular de la UIF era competente y tenía facultades legales para emitirlos, máxime que el bloqueo de recursos es una medida provisional.
Contra Moreno, además, desestimaron la imputación de lavado porque la FGR no ofreció ningún dato de prueba para acreditar que con el desbloqueo tratara de ‘ocultar’ los recursos en favor de los propietarios de las cuentas. Es decir, no existe evidencia de un acuerdo para favorecer a algún particular en específico.
La Fiscalía tampoco ofreció dato alguno para acreditar que, tras el descongelamiento, los propietarios transfirieran o retiraran los recursos; en buena medida, porque otras áreas de la FGR tenían asegurado el dinero en distintas carpetas de investigación.
Para llegar a esta conclusión, el juez Alarcón desestimó más de 50 datos de prueba cuestionados por la defensa de Moreno, al estimar que no eran pertinentes.
La FGR tiene la posibilidad de apelar la no vinculación a proceso de los ex mandos de la UIF.
La audiencia inició este sábado 11 de febrero a las 10:00 de la mañana y concluyó pasadas las 20:00 horas.
En junio de 2019, la UIF (entonces a cargo de Santiago Nieto) denunció ante la FGR el descongelamiento de las cuentas bancarias, medio año antes de que concluyera la Administración de Peña Nieto.
La querella fue presentada contra Bazbaz Sacal, Suárez López y Moreno Balbuena, aunque el primero de ellos ya era director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) cuando los activos financieros fueron desbloqueados.
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