Susana Patricia Pérez, directora adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del Inegi, dio a conocer que entre los retos que se toparon para realizar los Censos Económicos y Agropecuarios, el crimen organizado fue uno de ellos.
El Inegi reveló que tuvo que pagar a miembros del crimen organizado para poder entrar a las comunidades que tienen bajo su control y realizar los Censos Económicos y Agropecuarios.
En otros casos, tuvo que contratar a gente de las localidades que fuera conocida por los criminales para no generar desconfianza en la obtención de datos.
Así lo reveló ante integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Susana Patricia Pérez, directora adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del Inegi.
“Sí, tuvimos algunos tropiezos; el primer día, reportamos una persona como secuestrada y duró varios días así. Después de eso ya no tuvimos más”, recordó.
Las estrategias fueron diferentes en las más de 25 mil localidades, expuso.
“En algunos casos fue pagar para entrar, a lo mejor cifras pequeñas.
“Otra muy importante es contratar personal de la zona, que conozca muy bien a la gente que se está censando, y que además sea conocida de quienes pudieran estar incurriendo en cuestiones de delincuencia”, detalló en su exposición de cómo se logró realizar el censo agropecuario que será dado a conocer el próximo 21 de noviembre.
Por lo pronto adelantó que, según los datos obtenidos, la superficie rural y con vocación agropecuaria es de 196.5 millones de hectáreas y de éstas, 88.4 millones son unidades de producción destinadas al cultivo de plantas o la cría de animales. La mano de obra total es de 27.2 millones de personas.
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