El titular del Instituto Nacional de Migración no ha emitido declaraciones sobre lo ocurrido en las instalaciones bajo su responsabilidad.
A un par de semanas de haber ocurrido el lamentable incendio que acabó con la vida de 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó órdenes de aprehensión contra Francisco Graduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM); Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria, y el contraalmirante Salvador González Guerrero, comisionado del INM en Chihuahua, por los delitos que cometidos a 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones.
La FGR ha señalado que los directivos habrían cometido posibles delitos al no cumplir con sus responsabilidades de supervisar, proteger y garantizar la seguridad de las personas e instalaciones bajo su cuidado, lo que habría propiciado la comisión de delitos en contra de migrantes.
Además, también se inició un proceso penal en contra de Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, quienes están relacionados con los actos que ocasionaron los homicidios y las lesiones que padecieron las víctimas de estos delitos.
En cuanto a la compañía de seguridad privada (Camsa) y al propio INM, la Fiscalía indicó que ambas partes suscribieron acuerdos por adjudicación directa, sin cumplir con sus obligaciones de licitación pública, lo que resultó en costos que fueron el doble de lo que se paga en el sector público por los mismos servicios.
Además, no cumplieron con su responsabilidad de capacitar, controlar y supervisar al personal, y quedó al descubierto que Camsa no registró a la mayoría de sus empleados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y trató de hacerlo días después del suceso.
“Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia. La investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos… se continuará informando lo que legalmente proceda“, detalló la dependencia.
Investigación
La FGR subrayó que se investigaron los delitos y se emitieron órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de cinco personas; tres de ellas son funcionarios del INM, una es personal de la empresa de seguridad privada que operaba allí, y la quinta es un migrante que inició el fuego. Todos se encuentran actualmente detenidos.
Gracias a las pruebas recolectadas, la FGR pudo seguir investigando para determinar las responsabilidades penales de toda la estructura involucrada en estos delitos, tanto dentro del INM como en Camsa.
La Fiscalía subrayó que el INM, por ser un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional, se investigaron dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado, y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada.
En la investigación de antecedentes, se encontró que el 31 de marzo de 2020, en el centro migratorio de Tenosique, Tabasco, ocurrió un caso semejante, con un muerto y 14 lesionados.
Esto generó una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad indispensables y obligatorias para estos casos.
La FGR refirió que los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de los últimos años vuelven a señalar las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos hechos.
Sólo tuvo dos apariciones
Ayer por la mañana, Francisco Garduño estuvo en Ciudad Juárez para liderar la ceremonia de repatriación de los cuerpos de 23 migrantes fallecidos.
El 28 de marzo, un día después del incendio, el INM compartió en redes sociales fotos de Garduño visitando a los migrantes heridos en los hospitales.
A lo largo de este tiempo, Garduño no ha emitido declaraciones sobre lo ocurrido en las instalaciones bajo su responsabilidad.
Desde 2018, el INM ha recibido críticas por la mala gestión de los recursos, lo que ha resultado en servicios de seguridad deficientes, infraestructuras de baja calidad, falta de mantenimiento y personal inexperto y mal capacitado, y posibles desvíos de fondos.
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