La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) refrendó el 17 de febrero de 2022 el permiso a Grupo de Seguridad Privada CAMSA para prestar servicios en dos o más entidades del país, a pesar de que en el artículo 15 de la Ley Federal de Seguridad Privada no faculta a estas empresas a custodiar personas detenidas.
Dicha legislación, que data de junio de 2006 y que tuvo su última reforma en octubre de 2011, establece en ese apartado que las modalidades en los servicios de seguridad privada, cuando estos se presten en dos o más entidades federativas, son de custodia personal, a bienes inmuebles, traslado de valores, servicios de alarmas y monitoreo electrónico, seguridad informática e instalación de blindajes.
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En el expediente 203/2020, con fecha del 17 de febrero de 2022, la dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez, otorgó la “revalidación de autorización” a esta empresa de seguridad, con el registro número DGSP/203-20/4166, con una vigencia de un año, el cual se venció dos semanas.
Grupo de Seguridad Privada CAMSA fue contratada por el Instituto Nacional de Migración (INM) el 8 de marzo de 2022 para los servicios de “seguridad y vigilancia en los inmuebles de las oficinas de representación” de ese organismo en 23 estados del país, entre ellos Chihuahua, donde el 28 de marzo se dio la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en la cual 39 migrantes perdieron la vida tras un incendio al interior de ese inmueble.
En el documento, que firma el Director General de Seguridad Privada de la SSPC, Ignacio Hernández Orduña, también se validó un “dictamen en materia de capacitación” a dicha empresa, que fue emitido por la Dirección de Licencias Oficiales, Concertación y Profesionalización de la dependencia, con fecha del 8 de marzo de 2022, en el que se señala que “la empresa de mérito cumple en materia de capacitación y adiestramiento”.
Este aval en materia de capacitación y adiestramiento se dio el mismo día que el INM firmó el contrato de adjudicación directa con dicha empresa, que comprendió del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2022, por un monto de 165 millones de pesos.
Otro de los puntos que también refrendó la SSPC en la revalidación del permiso a esta empresa de seguridad –que se establece en el apartado quinto del documento, denominado “previsiones generales”— establece que la compañía “se encuentra obligada a tomar en cuenta los principios de integridad y dignidad”.
Además, de “protección y trato correcto a las personas, evitando en todo momento arbitrariedades y violencia, actuando en congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y medios disponibles”.
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Rosa Icela Rodríguez, en la conferencia del miércoles en Palacio Nacional, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) identificó que cinco de los nueve presuntos responsables de la muerte de 39 migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez son elementos de la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA.
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