Tras su aval en lo general, inició la discusión de la reforma en lo particular.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma del expresidente Andrés Manuel López Obrador para establecer que la CFE tendrá preponderancia en la generación y distribución de energía por encima de empresas privadas.
Se avaló por 353 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, y sufragios en contra por parte del PRI, PAN y MC, en medio de reclamos de los opositores, quienes denunciaron retrocesos, producción de energía ‘cara y contaminante’, y violaciones a la constitución, al querer volver a avalar una reforma en sentido similar a la eléctrica que se aprobó en 2021 y la Suprema Corte tiró en enero de 2024.
Los primeros en manifestarse en contra fueron los congresistas de Movimiento Ciudadano, quienes salieron con máscaras de gas a presentar una moción suspensiva, bajo el argumento de que la iniciativa guinda “es tóxica y profundiza la emergencia climática”.
“Esta reforma, mal llamada de áreas y empresas estratégicas, no es más que el ‘Plan B’ de la tóxica reforma eléctrica que promovieron hace unos años, y la Suprema Corte de Justicia les echó para atrás, porque además nos dio la razón porque esa reforma y ésta, violan los derechos de acceso al medio ambiente y a las energías limpias, baratas y renovables“, aseveró a diputada Laura Ballesteros.
Su compañera de bancada, Claudia Salas sacó un papel en forma de ‘ticket’, pero gigante, con la leyenda “Reforma eléctrica tóxica de Morena. Costo total: El futuro de México”, y sentenció: “La reforma energética que Morena está proponiendo compromete el futuro de México y no lo vamos a permitir”.
El diputado del PRI, Mario Zamora, también recordó que existe una resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte por la que se revirtió la reforma eléctrica aprobada en 2021, que sostuvo, va en el mismo sentido.
“Por eso, el dictamen que hoy nos ocupa violenta los principios constitucionales en materia de derechos humanos, la no retroactividad de la ley y la prohibición de monopolios, entre otros“, declaró, y advirtió que la reforma también trastoca tratados comerciales internacionales.
En respuesta a los opositores, la diputada morenista, Rocío Abreu Antuñano, quien fue designada Presidenta de la Comisión de Energía, acusó a los opositores de acudir “a hacer funciones de cabilderos” para empresas privadas.
Rodeada de las y los integrantes de su grupo parlamentario, quienes llevaban pancartas con la leyenda “México próspero y soberano”, denunció:
“Lo único a que vienen a defender es a los privados, aquí no estamos modificando en sentido de perjuicio, estamos hablando del pueblo mexicano. No vamos a dejar de poner el dedo en el renglón, nosotros estamos para defender al pueblo, no nos venimos a arrodillar ante los intereses privados y ante los patrones de un grupo que está gritando“.
Evidentemente molesta, la diputada del PAN, Josefina Gamboa Torales, reviró a Abreu, al recordarle que en el año 2013, ella votó a favor de la reforma energética en 2013 y hasta subió al estrado a defender ese proyecto.
“Y aquí tengo su discurso. También acá tengo los videos con el billetón que le daban diputada, así como no, así hasta cambia, pero bueno aquí anda, ahora por un hueso“, arremetió.
Finalmente, la diputada Lilia Aguilar, del PT, dijo a los opositores que “No mientan y no quieran venir acá a mentirle a la gente”.
“Esta reforma simplemente permite que la CFE en el tema energético tenga una participación del 56 por ciento, a diferencia del 46 que ustedes le dejaron“, explicó.
¿En qué consiste la reforma?
La reforma, que modifica los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, establece que en materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, el Estado permitirá la participación de las empresas privadas, pero en ningún caso tendrá prevalencia sobre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que además dejará de ser Empresa Productiva del Estado, para convertirse en una Empresa pública del Estado.
Con ello, se permite a CFE generar hasta el 54 por ciento de la energía eléctrica de todo el país, mientras que la iniciativa privada podrá producir hasta el 46 por ciento.
Como parte de sus argumentos, el proyecto señala que antes de 2013 la participación de la CFE en la generación de electricidad era de 63 por ciento y de los privados de 37 por ciento.
La minuta también modifica la naturaleza jurídica de las Empresas Productivas del Estado por Empresas Públicas del Estado.
Asimismo, establece que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas como “el servicio de internet que provea el Estado”
Finalmente, asegura que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional tendrá como objetivo “preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca”.
Tras su aval en lo general, inició la discusión en lo particular.
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