Los deepfakes y la inteligencia artificial han demostrado ser más dañinos que benéficos para las personas, advirtió la senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, quien propuso pena de seis a ocho años de prisión a la persona que utilice tecnologías relacionadas con Internet y computación, para alterar digitalmente el rostro de una persona en imágenes, videos y audios con la intención de hacerlo pasar por verdaderos.
“Los deepfakes y la inteligencia artificial han demostrado ser más dañinos que benéficos para las personas, por lo que el derecho penal debe contemplar estas nuevas tecnologías que amenazan la dignidad, integridad, seguridad y el sano desarrollo de las personas”, señaló la senadora morenista.
¿Qué es un deepfake?
“¿Qué quiere decir deepfake? Es un video, una imagen o un audio generado que imita la apariencia y el sonido de una persona. También llamados medios sintéticos, son tan convincentes a la hora de imitar lo real que pueden engañar tanto a las personas como a los algoritmos”.
La iniciativa señala que, a quien dibuje, modifique, adapte fotografías, videos, imágenes de forma digital o por computadora que representen a menores de 18 años y a personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, realizando, ejecutando o participando en algún delito contemplado en el Código Penal.
Así también, para quien represente, dibuje, exponga, ilustre o utilice fotografías de los órganos sexuales de un niño, niña o adolescente, con fines lascivos. Para quien muestre este tipo de contenido con fines de corromper a personas menores de edad o incapaces de comprender el acto, propuso una sanción de cinco a siete años de prisión.
La iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan el Capítulo VII Bis al Título Octavo; y el artículo 200 del Código Penal Federal, fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado.
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Olga Sánchez Cordero subrayó que esta propuesta busca fortalecer la protección de la moral pública y la tutela de los menores de edad, así como las condiciones de seguridad y certeza jurídica.
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