Donald Trump entró en un tribunal de Nueva York donde está previsto que suba al estrado como testigo en un juicio civil por fraude que amenaza con mermar el imperio inmobiliario que forjó su reputación antes de entrar en política.
El ex presidente de Estados Unidos, al igual que sus dos hijos adultos que testificaron la semana pasada, probablemente se enfrentará a preguntas punzantes sobre unas cuestionables prácticas contables que el juez Arthur Engoron ya declaró fraudulentas.
Los abogados del estado de Nueva York sostienen que esos métodos le permitieron obtener condiciones de financiación favorables aumentando el valor de sus campos de golf, torres de departamentos y otros activos en un momento en que muchos prestamistas se negaban a hacer negocios con él.
Según argumentan, esa actividad le hizo ganar 100 millones de dólares y exageró su riqueza en 2 mil millones.
Trump ha dicho en repetidas ocasiones que el caso es una “caza de brujas” con motivaciones políticas. El lunes criticó a Engoron y a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en las redes sociales y dijo fuera de la sala del tribunal que el caso busca socavar su candidatura presidencial de 2024.
“Es una guerra política”, dijo al entrar en la sala.
James hizo caso omiso de los comentarios.
“Al fin y al cabo, lo único que importa son los hechos y los números. Los números, amigos míos, no mienten”, dijo James a la salida del tribunal.
La fiscal reclama 250 millones de dólares en multas, así como restricciones que impedirían a Trump y a sus hijos Eric y Donald Jr. hacer negocios en su estado natal.
“Usted falló contra mí, dijo que era un fraude antes de saber nada de mí”, espetó Trump mirando directamente al juez, tras lo que sostuvo que “el fraude es el tribunal” porque “no valoró las propiedades correctamente”, y se vanaglorió de haber hecho “un buen trabajo” como presidente de Estados Unidos.
Trump sacó a colación la valoración de los tasadores públicos del condado de Palm Beach, en Florida, que estimaron que su mansión de Mar-a-Lago se situaba en unos 18 millones de dólares, y aseguró que “vale cientos de millones más y todo el mundo lo sabe”.
Previamente, el ex presidente defendió en repetidas ocasiones que los documentos de condición financiera en los que se basa el caso no tienen valor porque incluyen una cláusula que advierte que los datos son subjetivos y alienta a hacer análisis propios y “no apoyarse” en ellos.
Esa cláusula de advertencia “siempre se respeta en los tribunales, excepto por parte de este juez particular”, agregó el acusado, que aseguró que “si hubo un error, no fue material”, pero en todo caso “cualquier error está cubierto por la cláusula”.
Engoron le interrumpió únicamente para invitarle a “aprender sobre la cláusula” leyendo su opinión implícita en el fallo sobre fraude persistente contra Trump y los otros acusados, que quita mérito a ese argumento.
El ex mandatario también arremetió contra la fiscal Letitia James, sentada en primera fila del público y que ha recibido numerosos ataques, igual que el juez, a través de las redes sociales y la campaña del favorito republicano para las próximas elecciones; en esta ocasión, de viva voz, los llamó “corruptos”.
Tras varios minutos de ataques airados, el fiscal Kevin Wallace, que inicialmente había cuestionado el valor de las propiedades de la empresa, le preguntó: “¿Ha terminado?”, y Trump contestó escuetamente que sí mientras el juez esbozaba brevemente una sonrisa.
SNGZ
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