La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León abrió un expediente por el secuestro de 31 migrantes que salieron de Monterrey y que fueron privados de la libertad en la autopista Reynosa-Matamoros, el sábado 30 de diciembre.
Susana Méndez Arellano, presidenta de la CEDH en la entidad, dijo que el expediente fue remitido a la Comisión Nacional para que se realice una investigación sobre la desaparición de los migrantes.
“El procedimiento tiene como objetivo principal la integración de una investigación exhaustiva que incluirá la solicitud de información a las autoridades correspondientes y al confirmarse que hubo una violación a los derechos humanos, la CNDH podría emitir una recomendación”, abundó Méndez Arellano.
Habló sobre la importancia de que se practiquen todas las diligencias legales y materialmente necesarias para alcanzar la verdad de los hechos en cuestión, pero hizo énfasis en la importancia de la prevención. Recordó que desde octubre llamó a proteger la seguridad de los migrantes.
“Enfatizamos que el pasado 15 de octubre lanzamos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno y giramos oficio a las autoridades de seguridad y de Salud en el Estado; del Instituto Nacional de Migración y de las Fuerzas Armadas, además de los 51 ayuntamientos, donde instamos a promover y proteger los derechos humanos de las personas migrantes y la seguridad que requieren al transitar dentro del territorio mexicano.
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“Entre los derechos fundamentales que subrayamos se encuentra el derecho a la vida, a la legalidad, la seguridad jurídica, el acceso a la procuración de justicia, el acceso a la verdad, así como el trato digno y honorable para no ser víctimas de detenciones arbitrarias, extorsión, tortura, esclavitud y trata de personas”, dijo.
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