Por Dasha Litvinova
Tallin, Estonia.- Incluso cuando Yekaterina Maksimova no puede llegar tarde, la periodista y activista evita tomar el metro de Moscú, aunque probablemente sea la ruta más eficiente.
Esto se debe a que, en el último año, ha sido detenida cinco veces allí, gracias a un omnipresente sistema de cámaras de seguridad con reconocimiento facial. Cuenta que la policía le decía que las cámaras simplemente “reaccionaban” a su paso, activando un alerta, aunque a menudo los mimos agentes no parecían entender el motivo y la dejaban ir tras unas horas.
“Parece que estoy en algún tipo de base de datos”, opina Maksimova, que antes había sido arrestada en dos ocasiones: en 2019 tras participar en una manifestación en Moscú y un año más tarde por su activismo medioambiental.
Para muchos rusos como ella, cada vez es más difícil evitar el escrutinio de las autoridades, con el gobierno monitoreando de forma activa las cuentas en de redes sociales y empleando cámaras de seguridad contra los activistas.
Incluso una plataforma elogiada en su día por los usuarios por facilitar las tareas burocráticas está siendo empleada como una herramienta de control: las autoridades planean utilizarla para entregar las notificaciones para reclutamiento, frustrando así una táctica popular entre quienes quieren esquivar el llamado a filas, de evitar que se les entregue la documentación en persona.
Los activistas sostienen que, bajo el mandato del presidente Vladimir Putin, Rusia ha aprovechado la tecnología digital para rastrear, censurar y controlar a la población, construyendo lo que algunos llaman un “ciber gulag”, una oscura referencia a los campos de trabajo donde se encerraba a los prisioneros políticos en la época soviética.
Es un territorio nuevo, incluso para una nación con un largo historial de espionaje a sus ciudadanos.
“El Kremlin se ha convertido de facto en el beneficiario de la digitalización y está utilizando toda oportunidad para la propaganda estatal, para vigilar a la población, para romper el anonimato de los usuarios de internet”, afirma Sarkis Darbinyan, jefe legal de Roskomsvoboda, un grupo ruso de libertad en internet al que el Kremlin considera un “agente extranjero”.
Aumento de la censura y los procesamientos en línea
La aparente indiferencia del Kremlin hacia la vigilancia digital pareció cambiar tras las protestas masivas de 2011 y 2012, que se coordinaron por internet, lo que llevó a las autoridades a endurecer sus controles en línea.
Algunas regulaciones les permitían bloquear páginas web y otras obligaban a los operadores de telefonía móvil e internet a almacenar los registros de llamadas y mensajes, para compartir la información con los servicios de seguridad si era necesario. Las autoridades presionaron en vano a empresas como Google, Apple y Facebook para que guardaran los datos de sus usuarios en servidores rusos y anunciaron sus planes para construir un “internet soberano” que, en caso de necesidad, se podría aislar del resto del mundo.
En ese momento, muchos expertos calificaron estos esfuerzos de inútiles, y algunos siguen pareciendo ineficaces. Puede que las medidas rusas no parezcan más que una simple cerca comparadas con el gran cortafuegos chino, pero la represión online del Kremlin ha ganado impulso.
Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la censura en línea y el procesamiento judicial por publicaciones y comentarios en redes sociales despuntaron de tal forma que batieron todos los récords existentes.
Según Net Freedoms, un destacado grupo de defensa de los derechos en internet, más de 610 mil cibersitios fueron bloqueados o eliminados por las autoridades en 2022, el récord anual en 15 años, y 779 personas fueron acusadas por comentarios y publicaciones, otro récord.
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Información de AP
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