La Comisión Anticorrupción del Congreso local aprobó iniciar un juicio político en contra del gobernador Samuel García, por violaciones a la Constitución de Nuevo León al no presentar a tiempo el Presupuesto de Egresos del 2023 e incumplir con la publicación de diversos decretos.
Por lo que Samuel García Sepúlveda deberá presentarse a comparecer ante los integrantes de dicha comisión el próximo 10 de febrero a las 16:30 horas.
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La solicitud de juicio político en contra del gobernador fue presentada por Annia Gómez y José Luis Garza Ochoa, diputados federales del PAN y PRI, respectivamente.
“Se instruye a la Oficialía Mayor para que, a través de la Dirección Jurídica del Congreso, en términos del segundo párrafo del artículo 16 de juicio político del Estado de Nuevo León, se emplace al denunciado para que exponga a esta Comisión lo que a su derecho convenga, compareciendo o informando por escrito dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación, corriéndole traslado con copias de la denuncia y demás documentos que la integran, señalando el viernes 10 de febrero a las 16:30 horas, en el vestíbulo de este Congreso”, dice el acuerdo con que se inicia el procedimiento.
Anylú Bendición, diputada local de Morena, salió en defensa del gobernador y señaló que no estaba de acuerdo en aprobar el juicio político porque el Presupuesto se presentó y se avaló, además de que por la publicación de decretos, ya se tenía un proceso en contra el secretario General de Gobierno, Javier Navarro.
Agregó que el gobierno de Samuel García ha resultado ramplón y no está de acuerdo con su desempeño, pero no podía avalar el juicio por estos dos asuntos señalados.
Sandra Pámanes, diputada de MC, también defendió a Samuel García y sostuvo que lo que estaban discutiendo era un acto de revanchismo y de cobrar venganza contra el gobernador:
“Ya dejémonos de tanta farsa, de acciones perversas, por ningún motivo es procedente este juicio, no hay elementos, no hay sustento”, aseveró.
Pámanes dice que no hay daño a la sociedad al no presentar el presupuesto y puntualizó que no hay sustento en la denuncia y debía ser desechada, pues al momento de su promoción ya se habían publicado 35 decretos de los que se señalaban como retenidos.
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Iraís Reyes, también de MC, acusó violaciones a la Ley de Juicio Político, una doble moral y cinismo de los legisladores del PAN y PRI, e incumplimiento en los plazos para el trámite de una solicitud de juicio.
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