Hermosillo, Sonora.- La diputada Rebeca Irene Silva Gallardo presentó en la sesión ordinaria del Congreso de Sonora una iniciativa de reforma al Código de Familia y al Código Penal; lo anterior para cerrar lagunas legales que impidan que las víctimas de violencia intrafamiliar reciban justicia oportuna.
La autora de la iniciativa explicó que en el Código Penal se propone crear dos nuevos delitos que tendrán penas de tres a ocho años de prisión y multa de 216 a 576 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Estos son violencia familiar agravada por lesiones que tarden en sanar más de quince días, pongan en peligro la vida o dejen secuelas o cicatrices; y violencia familiar agravada por circunstancias especiales.
La legisladora de Morena abundó que estos dos delitos complementarán los dos actuales de violencia familiar simple y equiparada, con los que los acusados gozan de suspensión condicional; además permitirán cerrar la “puerta giratoria” a quienes incurran en formas graves de violencia.
Detalló que en el Código de Familia se plantea incluir un capítulo específico sobre violencia familiar, ya que actualmente sólo se trata en tres artículos; así mismo, añadió que se busca modificar diversos aspectos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Atención a la Violencia Familiar. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Durante la sesión, las diputadas y el diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una iniciativa para establecer el derecho a los uniformes escolares en la Constitución local.
Sagrario Montaño Palomares planteó que la medida tiene la intención de garantizar la entrega, a cada estudiante de educación básica, de un uniforme de forma gratuita al inicio de cada ciclo escolar, en tiempo y forma, para evitar la afectación en los bolsillos de madres y madres de familia.
Agregó que la iniciativa consiste en adicionar un párrafo décimo segundo al Artículo 1° de la Constitución local, en la que también se determina que, además del uniforme escolar, el estado deberá proporcionar calzado o, en su caso, el otorgamiento de un vale electrónico para adquisición de estos, en un plazo máximo de 30 días posteriores al inicio de cada ciclo escolar.
Se turnó para estudio a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura.
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