A más de 16 años del presunto desvío de 55 millones de dólares por parte del dirigente del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, integrantes de esa organización mantienen la esperanza de que se les haga justicia y se resuelvan favorablemente las demandas presentadas.
Un grupo de inconformes acudió a Palacio de Gobierno para insistir en la petición que le han hecho en reiteradas ocasiones al gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien en febrero pasado les prometió que les ayudará en el tema, pero hasta el momento no ven avance.
Fermín Espinoza García, quien forma parte de la “Comisión del 5%” y de la Asociación de Mineros Retirados en Cananea, mencionó que son varios planteamientos los que esperan que les resuelvan las autoridades federales, pues a pesar de que existe el denominado Plan de Justicia para Cananea, no hay nada claro en ese apartado.
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“El único trato que nos han dado es darle largas al tema, no hemos tenido respuestas; es cansado que nos digan que nos darán una entrevista y no nos atienden, porque es venir desde lejos con una agenda definida y eso nos incomoda bastante”, cuestionó.
Al igual que sus compañeros que conforman una organización civil, estimó que hay miles en una situación similar en el país, víctimas del fraude que asegura fraguó el ahora senador de la República en contra de quienes forman parte de la estructura minera.
“Ya tenemos un registro donde somos más de 10 mil compañeros en la República, donde vamos a iniciar una gira para visitarlos y establecer estrategias comunes”, adelantó.
Actualmente lo referente al 5% se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde hace meses, pero no se ha logrado sacar el tema de ahí, por lo que consideran que esa instancia solo retrasa el proceso por las influencias que quizás ejerce el líder minero, pues una vez que se inicie con incidente de liquidación a los beneficiarios.
Otro punto es abordar lo que respecta al apoyo solidario que deben percibir los mineros retirados, ya están integradas alrededor de mil 500 familias, cuyo fondo fue integrado con 300 millones de la empresa minera, en este caso Grupo México y una cantidad similar del gobierno federal, pero no conocen el documento que se firmó, por lo tanto no tienen la certeza de que se tendrá de forma permanente, cuyo recurso de 7 mil 500 pesos se les entrega mensualmente a los trabajadores retirados o a sus viudas desde hace dos años.
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Seguirán con la lucha para que se integren a otros 200 excolaboradores que no han sido tomados en cuenta y que tienen el derecho de acceder a los mismos beneficios que ellos.
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