El Gobierno de México advirtió este jueves que impugnará el fallo a favor de la minera estadounidense Odyssey Marine Exploration por la que deberá de pagar una indemnización millonaria.
En un comunicado, las secretarías de Economía (SE), y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desaprobaron el fallo emitido por el CIADI y anunciaron que el Gobierno mexicano buscara anular esta resolución “ante las cortes competentes”.
“Debido a las serias deficiencias de la resolución, y considerando las críticas expuestas por el árbitro disidente, la Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes. Asimismo, el Gobierno de México hará valer todos los medios de defensa posibles”, se lee en la nota.
Después de poco más de cuatro años de litigio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) resolvió que el Gobierno mexicano tendría que pagar a esta empresa 37.1 millones de dólares por incumplir disposiciones del entonces Tratado Comercial de América del Norte (TLCAN), al negar permisos medioambientales para su desarrollo.
También determinó que el Gobierno mexicano debía hacerse cargo de los gastos incurridos por los honorarios de los árbitros y costos administrativos del proceso que dio inicio en septiembre de 2020.
¿Cómo surgió el conflicto Odyssey Marine Exploration?
El conflicto se generó luego de que autoridades mexicanas negaron permisos a la empresa estadounidense para desarrollar el proyecto de minería submarina “Don Diego” en Baja California.
“Entre 2016 y 2018, la Semarnat negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto ‘Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego’, por lo que la empresa Odyssey inició un arbitraje internacional en contra de México en el marco del TLCAN”, reconoció el Gobierno mexicano en la nota.
Este proyecto consistía en un dragado marino en el denominado Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, norte de México, a una distancia de 12 millas marinas del punto más cercano a la costa en un área de 61 mil 989,2 hectáreas, con el fin de extraer siete millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas para su transporte.
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“El Gobierno de México reitera que no permitirá que se sigan priorizando proyectos que favorezcan a grupos minoritarios en detrimento de nuestros recursos naturales y defenderá en todo momento su soberanía por el bien de todas y todos los mexicanos”, concluyó.
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