La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión provisional solicitada por el gobierno de Chihuahua, a cargo de María Eugenia Campos, que frena, de momento, la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Encargado de revisar el asunto, el ministro Luis María Aguilar Morales notificó este viernes la decisión a sus compañeros de la SCJN, por lo que ahora tendrá que ser analizado por el Pleno para determinar en última instancia si es o no constitucional la distribución del nuevo material educativo.
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Con la decisión, este recurso se convierte en el primero en su tipo en ser admitido por el Alto Tribunal del país, aunque legisladores de oposición también anunciaron que presentarían otra controversia constitucional para frenar la distribución de los libros, mismos que serían utilizados para el próximo ciclo escolar 2023-2024.
Fue el viernes pasado cuando el gobierno de Chihuahua solicitó esta suspensión para que se le permitiera no distribuir los libros de texto para el curso que inicia a finales de agosto, en su lugar podría reutilizar los de ciclos previos.
Además de la SEP, la demanda va dirigida a la Subsecretaría de Educación Básica, a la Dirección General de Materiales Educativos, a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), a la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, entre otras.
Hasta el momento, las autoridades educativas de Chihuahua mantienen los libros de texto en bodegas y han señalado que sólo los volúmenes de preescolar, primero, segundo y tercero se han recibido completos.
A día de hoy también existe una suspensión definitiva otorgada por la jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, Yadira Medina Alcántara, en contra de la entrega del material educativo, pues la SEP y la Conaliteg siguen sin comprobar que éstos fueron elaborados con la revisión de expertos y consultas a los padres de familia.
Sobre esta suspensión, integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia han pedido que la SCJN ejerza su facultad de atracción y se pronuncie sobre el recurso dictado por la jueza Medina Alcántara.
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