En casi dos años, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) ha concentrado 787 expedientes en trámite de denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción por parte de funcionarios públicos.
Con base a información proporcionada por la propia instancia, se obtuvo que del 13 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2023 se han conformado carpetas relacionadas con posibles actos irregulares de ex servidores públicos que han incumplido con su obligación dentro de las dependencias estatales o en alguno de los 72 ayuntamientos.
Los delitos de corrupción más comunes registrados van desde abuso de autoridad e incumplimiento de deber legal, peculado, ejercicio indebido o abandono del servicio público, uso indebido de atribuciones, cohecho, entre otros.
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Ante la misión impuesta por el gobernador Alfonso Durazo de que no se tolerará ningún caso de colaboradores o funcionarios de cualquier nivel que falten a la confianza de los ciudadanos, se han aplicado sanciones y proceso legales en contra de decenas de figuras que estuvieron dentro de la estructura estatal o en los municipios.
En el periodo mencionado se han ejecutado 23 órdenes de aprehensión hacia personajes a los que se les comprobó participación en actos de corrupción, aunque no se revelaron cantidades que fueron sustraídas o mal utilizadas del erario.
Se ha dado una detención en flagrancia hacia una persona que formó parte del sexenio de la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano, a quien se le inhabilitó por 10 años, además de aplicarle una sanción penal.
También se han concretado 10 sentencias condenatorias y 77 vinculaciones a proceso a ex servidores públicos que laboraron entre 2015 y 2021.
Casos recientes
Entre los hechos recientes que se han difundido por la propia FAS está la detención de tres personas que trabajaron en distintos cargos en la Secretaría de Salud durante la pasada administración.
Se trata de Carlos Vicente “N”, quien fue capturado en la frontera entre Nogales, Sonora y Arizona, cuando intentaba ingresar a los Estados Unidos, esto gracias a la coordinación que existe con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), lo que permitió ejecutar una orden de aprehensión que tenían en su contra.
A esta persona se le relaciona con el delito de abuso de autoridad cometido en perjuicio de los Servicios de Salud en el Estado, de lo que se desprende un posible quebranto que asciende casi a los 60 millones de pesos.
Lizbeth “N” y Juan “N” también fueron asegurados por las autoridades al tener relación con este caso, a quienes se les estaba por ejercer acción penal hace unas semanas por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deber legal.
Carlos Vicente fue recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso I) en Hermosillo, para quedar a disposición del juez oral penal.
Otro involucrado es Martín “N”, detenido cuando intentaba cruzar por el acceso peatonal de Nogales a ese país el 25 de junio de este año. Es señalado por abuso de autoridad en la misma dependencia entre los años 2018 y 2020.
Los cuatro exfuncionarios son presuntos responsables del quebranto financiero por dicha cantidad, luego de las auditorías que realizó la Contraloría General del Estado y de las indagatorias que hizo personal de la FAS.
Donde quiera “se cuecen habas”
En el primer trimestre de este 2023 se destapó un posible acto de corrupción dentro del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecytes) en el que se presume que hubo irregularidades en el proceso de licitación de libros de texto que serían entregados a los estudiantes.
La directora del subsistema, Gracia Alicia Anduro Grijalva presentó su renuncia en cuanto se reveló esa situación, bajo el argumento de que se hicieran las investigaciones pertinentes y no entorpecerlas estando en el cargo.
Días después el contralor Guillermo Noriega Esparza confirmó que un total de seis servidores públicos, pertenecientes al cuerpo administrativo y otros más del órgano de control interno de la Contraloría fueron cesados por no haber informado a tiempo para frenar esa presunta ilegalidad.
No se logró obtener información sobre el curso de este caso, debido a que cuando están vigentes o próximos a ejecutarse alguna acción penal corresponde a los Ministerios Públicos (MP) darlo a conocer para que no se viole el debido proceso ni se afecte el curso de las indagatorias.
Un poco de historia
Desde su creación en septiembre del 2015, dicha instancia se ha enfocado en atender los señalamientos en contra de servidores públicos que han incurrido o están relacionados con situaciones indebidas dentro del ejercicio gubernamental en el estado.
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Fue la exgobernadora Pavlovich Arellano quien promovió su instauración y su primer titular fue Odracir Espinoza, quien estuvo al frente de esa instancia hasta septiembre del 2021.
Antes de concluir su periodo, comentó que de mil asuntos de investigaciones que se concentraron se resolvieron más de 800, la mayoría de los expedientes de exfuncionarios del gobierno de Guillermo Padrés Elías.
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