—¿Cómo es posible que un grupo armado pase a las horas del día en Chicomuselo estando el Ejército adentro? —cuestionó a los soldados la tarde del pasado 24 de enero un campesino de la comunidad Zapote Ventanas en la región serrana de Chiapas que colinda con Frontera Comalapa, una de las zonas bajo control de la delincuencia organizada.
Enero concluyó con un conflicto social grave en la zona fronteriza y comunidades de la sierra chiapaneca donde los militares fueron exhibidos por los pobladores en videos que circularon en redes sociales, donde cuestionan por qué hombres armados asesinan de manera impune, secuestren pobladores y circulan sin que pase nada delante de las instalaciones militares que albergan el cuartel del 101 batallón de infantería en este municipio.
Las imágenes muestran cómo a la población en esta región del país le queda claro que la regencia del crimen organizado no puede ser posible sin la capitulación del Ejército cuyas tropas mostraron, como pocas veces se ha visto, una disposición para dialogar reconociendo que el problema no se solucionará pronto. El meollo de la protesta en ésta y otras comunidades es la impunidad con que una facción de la banda criminal que se denomina Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha impuesto el terror en esta zona con secuestros masivos para reclutamiento forzado en poblados apartados, asesinatos a mansalva, cobro de piso de toda mercancía que entra y sale, utilizando grupos paramilitares disfrazados de autodefensas como el que se hace llamar M.A.I.Z.
No toda la población en esta región ha mostrado menos beligerancia contra los militares, días antes en las comunidades de la Grandeza y el Porvenir hubo enfrentamientos a palos y piedras después de que elementos de la Guardia Nacional y soldados detuvieron a un par de motociclistas acusados de ser “halcones” (informantes) de la delincuencia organizada. Los caminos en esta zona de la sierra madre de Chiapas tienen retenes, puestos de control y bloqueos instalados por la población como una forma de protegerse de las caravanas de hombres armados al servicio de una de las facciones (Cartel de Sinaloa o CJNG) que pelean el control de la región.
La descomposición de Chiapas se aceleró desde 2018 cuando el morenista Rutilio Escandón Cárdenas asumió la gubernatura de la entidad, diversas fuentes militares que desde hace cinco años han pasado por aquella entidad en servicio en alguna de sus tres zona militares en que se divide el estado y que dependen de la comandancia de la séptima región militar en Tuxtla Gutiérrez, coinciden en un punto: el gobernador tiene responsabilidad en lo que se vive hoy por la corrupción de sus policías y los intereses poco claros que rodearon su llegada al poder.
¿En qué momento las zonas arqueológicas mayas como Bonampak y Yaxchilán se convirtieron en áreas bajo dominio del crimen organizado? Algo grave pasa cuando ni los trabajadores del INAH pueden realizar sus tareas cotidianas y han optado por abandonar la zona. La gravedad tiene sentido cuando circulan imágenes del desplazamiento forzado en diversas comunidades fronterizas, que medios locales estiman en dos mil 300 pobladores desplazados hasta el pasado 24 de enero. Son los saldos de la regencia del crimen organizado en Chiapas.
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