Paralelo a la disputa armada que libran el llamado Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa en la región de la sierra madre y Frontera Comalapa en la línea que separa México de Guatemala, donde intervienen células de mercenarios centroamericanos y militares guatemaltecos que pertenecieron al grupo de fuerzas especiales “Kaibiles”, se desarrolla también una guerra por el control de la información donde la manipulación de mensajes en las cinco principales plataformas de redes sociales es la norma para generar confusión sin pasar por alto la gravedad de lo que sucede en esa región del país.
A diario por WhatsApp, YouTube, X, Instagram y Facebook, se conocen historias sobre desplazamiento forzado de pobladores en comunidades rurales en la zona, que es un hecho verificado. También circulan videos de tiroteos con armas de grueso calíbre, hay imágenes con caravanas de 20 a 30 vehículos que transitan por caminos de terracería donde pobladores los vitorean, interrogatorios a individuos que lucen golpeados y con huellas de tortura y que se asumen integrantes de alguna de las facciones en disputa, donde sus captores profieren amenazas de muerte a policías y autoridades municipales y estatales a quienes acusan de “favorecer” a los “enemigos” del grupo.
Parte de lo anterior son tácticas de propaganda tomadas de manuales militares que en México tienen más de dos décadas utilizándose, pero que en el último lustro se agudizaron con la consolidación de las redes sociales como primer medio por el cual la población se entera y comunica. Existen paralelismos con lo que sucedió en la primera década de este siglo en Tamaulipas, donde el primer objetivo de los grupos criminales fue controlar la información tras hacerse con los territorios en abierta complicidad de autoridades locales. En Chiapas se ha documentado cómo desde que Rutilio Escandón asumió la gubernatura en 2018, el proceso de descomposición social y de la inseguridad se aceleró haciendo imposible cubrir la información que se generaba ante el acoso criminal a los medios de comunicación y a los periodistas.
A principios de este mes se reportó un sangriento enfrentamiento en las inmediaciones de la presa de Chicoasen en el municipio de Concordia, la versión de pobladores refería que eran al menos 25 los muertos, dato que difundió el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. La cifra fue refutada al día siguiente en su alocución matutina por el presidente López Obrador que aseguró que eran 10 los fallecidos. Nada dijo sobre lo que en este sexenio se ha vuelto norma para varios grupos criminales que tras enfrentamientos a tiros, se llevan a sus muertos con lo que la contabilidad oficial no se eleva.
El primer fin de semana de abril se difundió en medios locales que el comandante de la 31 zona militar con sede en Rancho Nuevo, Chiapas, había sido emboscado junto a un grupo de soldados por testaferros del CJNG quienes “le perdonaron la vida”. Oficialmente no se dijo nada sobre el general Juvenal Cortés González. Más allá de lo sucedido en el municipio de El Parral, donde oficialmente se reportó un muerto, la situación en Chiapas amenaza con desbordarse en pleno periodo electoral.
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