Cuando una organización delincuencial hace alarde de hegemonía territorial, existe detrás un proceso donde la corrupción sistematizada como forma de operar es un ciclo que tiene varias fases. Comienza con la falta de coordinación operativa entre cuerpos de seguridad, continúa con las fallas en las puestas a disposición cuando hay detenidos, le siguen inconsistencias en la judicialización y concluye cuando jueces o magistrados abonan con sus sentencias a la impunidad.
El ciclo es complejo porque la corrupción política influye en el grado de sofisticación que existe en algunas zonas del país. En lugares como Guanajuato, Zacatecas, Jalisco o Michoacán, varias de estas características son evidentes y los mismos grupos delincuenciales se han encargado de propagarlo.
Guerrero es una entidad donde las estrategias de seguridad de sexenios anteriores y del actual han fracasado debido a fallas sistémicas en la seguridad y en el sistema de procuración de justicia que vienen de tiempo atrás. Desde que en 2021 Evelyn Salgado despacha como gobernadora y tras el nombramiento de Sandra Luz Valdovinos como fiscal del Estado —una teniente coronel del servicio de justicia militar sin experiencia en el ámbito civil—, el grado de descomposición social ante el crecimiento de la hegemonía criminal no ha parado.
Reportes militares a los que se tuvo acceso concluyen que en Guerrero la violencia registrada en Tierra Caliente y en la Costa Grande en las últimas semanas, donde grupos armados tienen en jaque la gobernabilidad, convierten en un imperativo la necesidad de modificar la estrategia de seguridad pública ante la expansión criminal. De nada ha servido nombrar a oficiales de la Marina y del Ejército al frente de dependencias de seguridad en municipios como Acapulco o la fiscalía del estado, cuando la corrupción está impregnada en todo el sistema. El efecto que se añade a las deficiencias en la lucha contra la delincuencia, dará paso a mayores y más serios reclamos sociales y políticos, dice uno de los reportes, lo que podría impactar de forma directa (como ya ha ocurrido en estas regiones de la entidad) en la imagen de la Guardia Nacional y del Ejército, “en un contexto en el que el crimen organizado parece haberse fortalecido como nunca”.
La masacre de San Miguel Totolapan en octubre pasado, donde fueron asesinados 20 personas entre el alcalde, integrantes de su administración y un ex alcalde, permanece impune sin que alguno de los líderes de la organización a la que se señaló como probable responsable, haya sido ubicado y detenido. Por el contrario, la banda criminal autodenominada la Familia Michoacana, hace alarde de su expansión territorial del Norte y Tierra Caliente de Guerrero hacia la Costa Grande en los municipios de Técpan de Galeana, Petatlán y Zihuatanejo, donde a últimas fechas empresarios de distintos ramos han denunciado el acoso criminal.
En el Ejército y en la Marina ven con preocupación la inanición de Salgado como gobernadora ante el avance delincuencial y la violencia que se ha vuelto algo común en sitios como Acapulco. En pocos lugares del país la retórica de la transformación la hace suya el crimen organizado.
Lea el artículo completo aquí.
