En julio del 2022 la segunda región militar en Mexicali advirtió que el alto costo de “simular” que se actúa contra la inseguridad, no sólo abona al desborde de la violencia criminal sino que aumentaría la crisis de seguridad interior que se vive en la frontera de Baja California.
En Tijuana existe una confrontación entre diversas organizaciones delincuenciales locales que actúan como franquicias de los dos grupos hegemónicos en el país, a los que las autoridades identifican como Cártel de Sinaloa y Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La crisis regresó a las portadas de los medios nacionales e internacionales el pasado 21 de mayo, cuando 10 personas fueron asesinadas y algunas más resultaron heridas entre ellas un menor de edad, durante la celebración de un rally en el poblado de San Vicente, municipio de Ensenada. La masacre fue un ajuste de cuentas entre un grupo donde convergen dos aliados del Cártel de Sinaloa en la región, Alonso Arzate García conocido como “el Aquiles” y Jesús Alexander Sánchez Félix alias “El Ruso”, ambos se cobraron el robo de un cargamento de droga contra Alonso Arámbula Piña, viejo aliado del clan de los Arellano Félix, antiguos capos de la frontera.
El común denominador en éste y otros episodios de violencia reciente, es que las autoridades de los tres niveles de gobierno están ausentes. El documento elaborado por los órganos de inteligencia de la comandancia militar en Mexicali, titulado “Diagnóstico Seguridad Baja California”, desarrolla en 14 páginas un mapa social, político y criminal de la entidad en el último año. Señala que la corrupción “es un problema grave al interior de las instituciones, que además de servir a las organizaciones delictivas provoca la simulación del cumplimiento del servicio público, provocando haya impunidad”.
Fechado ocho meses después de iniciado el gobierno de María del Pilar Ávila Olmedo, ex alcaldesa de Mexicali y militante de Morena, el documento hallado entre los correos electrónicos hackeados a la Defensa Nacional por el colectivo Guacamaya, refiere que el tráfico de armas, accesorios o piezas para su ensamble y municiones, permiten mantener abastecidos a los grupos delincuenciales. Resalta el hecho que “al no contemplar la ley la posesión, importación ilegal, fabricación y transporte de accesorios y partes de las armas” se ha vuelto algo común que las bandas criminales y sectores de la población contrabandeen piezas para ensamblarlas de manera ilegal de este lado de la frontera.
La autoridad en sus tres niveles ha sido rebasada debido a la falta de voluntad política, la politización de la seguridad como una herramienta para la imagen de los gobernantes, la nula disposición para actuar con transparencia, coordinarse y compartir información, y por la desconfianza sistémica resultado del celo político y alianzas ocultas con el crimen. Todo eso ha impedido que cualquier acción o estrategia que busque mejorar la seguridad del estado prospere, ya que cada una de las autoridades buscan actuar de manera unilateral, lo que influye en la percepción de inseguridad y en la opinión pública. El análisis no contempla el factor de la crisis migratoria, que tiene a Tijuana en alerta roja.
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