Los 11 centros penitenciarios del Estado de Chihuahua, siete varoniles, dos femeniles y dos para adolescentes infractores, están catalogados como no aptos para personas privadas de su libertad con un perfil criminológico alto. Estos centros de reinserción social son para procesados y sentenciados de nivel medio bajo. Pese a la alerta lanzada hace tiempo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno a la sobrepoblación penitenciaria y el déficit de recursos humanos y tecnología para garantizar las medidas cautelares de prisión preventiva o penas de cárcel, el Gobierno estatal y el gobierno federal dejaron crecer la burbuja que explotó la mañana del pasado domingo 1 de enero.
En mayo del año pasado Luis Alfonso Harris Arrondo, autoridad penitenciaria del Estado de Chihuahua, envió un oficio al general Luis Rodríguez Bucio comandante de la Guardia Nacional, donde solicitaba el apoyo de la dirección general de seguridad procesal de la corporación, para el traslado de un grupo de 175 reos del Cereso No. 1 Aquiles Serdán y del Cereso No. 3 Ciudad Juárez, catalogados como de “alto riesgo” no sólo por sus conexiones con redes criminales en el exterior, sino porque habían hecho del déficit de personal, sobrepoblación y falta de recursos, un factor para imponer sus “reglas” al interior de ambos penales. El funcionario omitió mencionar la red de corrupción de funcionarios de estos lugares.
El documento obtenido por el grupo de hackers Guacamaya, es uno de tres fechados entre abril y mayo del 2022 donde las autoridades penitenciarias de Chihuahua alertaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la comandancia de la Guardia Nacional, sobre el avance de la gobernanza criminal en los penales resultado del “poder” de los internos vinculados a organizaciones criminales asentadas en Ciudad Juárez.
“Ambos Centros Penitenciarios cuentan con deficiente estado de fuerza operativo en relación a la cantidad de elementos de seguridad y custodia y población penitenciaria, proyectándose que el número de privados de la libertad por custodio es hasta 65 personas por elemento (…)”. El documento refiere que en ambos penales se tenían identificados reos procesados y sentenciados que mantienen vínculos con organizaciones como “Cártel de Sinaloa”, “La Empresa”, “Aztecas”, “Mexicles”, “La Línea”, “Los Paisas”, “Sureños”, “Artistas Asesinos”, los cuales protagonizan disputas territoriales en Ciudad Juárez y municipios aledaños.
El 8 de abril de 2022 una solicitud “extraurgente” de la autoridad penitenciaria estatal a la comandancia de la Guardia Nacional, pedía apoyo para el traslado con “extrema urgencia” de Antonio Leonel Camacho Mendoza, operador del clan de los Salgueiro aliados del Cártel de Sinaloa en la sierra de Chihuahua, de quien se tenía información de inteligencia sobre los preparativos de un motìn para su fuga del penal de Aquiles Serdán. El reo fue trasladado a un penal federal tres días después.
Una alerta similar se tenía desde agosto pasado en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, un motín al interior y bloqueos con incendios de tiendas de conveniencia en el municipio, era un aviso de que algo más grave podría ocurrir. Y sucedió.
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