El espectador | Un dolor de cabeza para los emisarios de López Obrador – El Sol de Hermosillo

De acuerdo con una sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el Estado mexicano deberá indemnizar al fondo de inversión inmobiliario canadiense Lion Mexico Consolidated (LMC) por un total de 47 millones de dólares (mdd). Esto después de que el 20 de septiembre de 2021, un tribunal estableciera que se violó el artículo 1105 del entonces vigente Tlcan; a dicha cantidad se le suma una orden de pago de más de 580 mil dólares por el procedimiento legal y más de un millón por los costos de la defensa.

Este laudo surgió luego de que en febrero del 2007, LMC otorgó tres préstamos que alcanzarían los 150 mdd para que tres empresas mexicanas (Bains, C&C Capital y C&C Ingeniería) pudieran financiar la compra de propiedades para desarrollos turísticos en Nayarit y Jalisco.

Sin embargo, la inversión norteamericana aportada solamente alcanzó los 32.8 mdd a través de pagarés no negociables, garantizados a través de tres hipotecas, en donde LMC era la beneficiaria. Sería en 2008, cuando la firma ordenó detener los recursos de los proyectos que derivarían en una demanda presentada por Bains, en junio del 2012.

El Juzgado Noveno de lo Mercantil en Jalisco falló a favor de los mexicanos, después de dictar la cancelación de los pagarés y las hipotecas, por lo que el 11 de diciembre del 2015, LMC presentó ante el Ciadi una solicitud de arbitraje en contra del Gobierno de México, alegando que los tribunales locales violaron el artículo 1105 del tratado comercial al no proporcionar al inversionista un trato justo y equitativo del Poder Judicial de Jalisco, así como de la Federación.

El problema que ahora aqueja a la actual administración de Andrés Manuel López Obrador y a la titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, tuvo sus orígenes en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando los empresarios mexicanos involucrados se mostraron dispuestos a colaborar con Ildefonso Guajardo para formar parte del proceso legal y de aportar documentos que ayudarían a anular el caso. Sin embargo, esta petición fue negada por el tribunal del Ciadi el pasado 6 de septiembre de este 2022.

La participación de la Secretaría de Economía frente al caso ha sido nula, pues en septiembre del 2021, aún a cargo de Tatiana Clouthier, se limitó a compartir un comunicado en el que “lamentó” la decisión del tribunal del Ciadi y prometió que analizaría detenidamente para determinar las acciones legales a su alcance.

Actualmente, la ejecución de la sentencia se encuentra en pausa debido a que el Gobierno demandó la nulidad del caso frente una corte del Distrito de Columbia en los Estados Unidos; aunque, a falta de una férrea defensa legal, las finanzas públicas estarían por sufrir un duro golpe.