El 30 de noviembre del 2021, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, recibió una carta de Gerardo Portugal, quien se presentaba como el representante legal de la empresa Selitex.
“Es para nosotros un placer saludarle, nos valemos de esta comunicación para respetuosamente informarle sobre los turbios acontecimientos que se han presentado en torno a la administración del contrato derivado del procedimiento LA- 036H00998-E40-2021 relativo a la “Adquisición de Casco Balístico Nivel III-A” para el Personal de la Guardia Nacional; del cual el pasado 18 de junio 2021 nos fue notificado el fallo favorable y el pasado 31 de agosto se logró, después de 74 días del fallo, la firma del contrato identificado con número GN/CAF/DGRM/C031/2021 (el Contrato). El procedimiento fue una Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio de los que México forma parte, lo que permitió que mi representada Selitex, S.A. de C.V. (Selitex), empresa 100% Mexicana, quien ha sido proveedor cumplido del Gobierno durante los últimos 10 años, uniera esfuerzos comerciales y participara de forma.
conjunta con la empresa fabricante Galvion Ballistics LTD. (Galvion), de Portsmouth, New Hampshire en los Estados Unidos; obteniendo el fallo favorable por haber cumplido con las especificaciones requeridas y ser el producto de la mejor calidad, y el mejor precio”.
Dice que el procedimiento fue transparente, y durante la evaluación de la convocatoria se determinó que su representada y Galvion cumplían tanto técnica como administrativamente con todos los requisitos de la referida convocatoria. El proceso licitatorio fue realizado conforme proceso y dentro del marco legal, siendo esto comprobado incluso por el órgano interno de control de la Guardia Nacional.
“Sin embargo, lastimosamente a partir de la fecha de fallo y hasta la fecha de emisión de la presente carta han existido graves atropellos y faltas de ética administrativa y posible corrupción por personas que claramente buscan atender intereses personales y no los de la Institución, haciendo hasta lo imposible, incluso fuera de lo legal, para impedir el cumplimiento del contrato por parte de mi representada y Galvion”.
Le cuenta que el 11 de noviembre del 2021, se solicitó al administrador del contrato una reunión de comité técnico para abordar las problemáticas. La reunión fue confirmada para el 25 de noviembre, aparentemente con buena voluntad. Sin embargo, al presentarse en las instalaciones de la Guardia Nacional, tanto el equipo representante de la empresa como el de Galvion fueron notificados sorpresivamente sobre la rescisión del contrato, sin permitirles realizar la exposición planificada ante el comité técnico.
“No teníamos a donde hacernos, simplemente tuvimos que agachar la cabeza; fue un momento sumamente vergonzoso y amargo para nosotros, fue muy decepcionante darnos cuenta de que habíamos sido engañados y víctimas de una estrategia administrativa, pues nos llevaron con mentiras”, recuerda en su misiva.
“Lastimosamente, y en contra del beneficio común para los 32 mil 495 elementos de la Guardia Nacional que recibirían los mejores cascos balísticos que se fabrican en la era moderna, dicha solicitud no fue aceptada por diversas cuestiones; sin embargo, ninguno de los argumentos expuestos por la Guardia Nacional consideran ni abordan la verdadera problemática que enfrentan mis representadas, siendo la principal de ellas, el retraso para la obtención y firma del contrato por 74 días, situación que provocó que no se gestionara de manera oportuna la solicitud para la obtención de la licencia de exportación (…) De las respuestas emitidas por la Guardia Nacional, es claro que no quieren y no tienen la voluntad de reconocer las dolorosas fallas administrativas que se presentaron durante la firma del contrato, o quizás lo hacen con alevosía e intencionalmente para hacernos fallar, pues tristemente existen intereses personales más allá de los legales, y que hoy provocan que tenga que acudir a través de estas líneas para suplicar su ayuda y comprensión”.
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