El Grupo Casanova, de Joaquín y Carlos Echenique, lleva 47 años operando en el mercado y al menos desde 2010 ha obtenido unos 639 contratos con la administración pública federal por 12 mil 781 millones de pesos. Fue una de las arrendadoras favoritas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En su administración, sólo a través de Casanova Vallejo, las dependencias y entidades del gobierno federal le entregaron unos seis mil 500 millones de pesos. Mientras que a Casanova Rent le facturaron 770 millones, y más de 200 millones a Casanova Chapultepec.
Con la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador el panorama no ha cambiado para ellos. Aunque recibió un primer golpe en septiembre del año pasado, cuando inhabilitaron a Casanova Vallejo 45 meses por rentarle ambulancias con sobrecostos al Issste, que comanda Pedro Zenteno, la administración pública federal le sigue entregando contratos para el arrendamiento de vehículos.
En aquella ocasión la instrucción de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de Roberto Salcedo, fue clara: “Las dependencias y entidades de la administración pública federal, las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con Casanova Vallejo”. Pero lograron eludir la sanción por la vía judicial y al cierre de 2023 acumula 46 convenios por 129 millones de pesos.
Según lo que informó la autoridad, la inhabilitación y multa que le impuso corrió del 19 de septiembre al 11 de noviembre de 2022 y se interrumpió por efectos de la suspensión definitiva del 12 de noviembre de 2022 al 6 de junio de 2023, fecha en la que un tribunal colegiado resolvió modificar y negar la suspensión, y la inhabilitación continuó vigente a partir del 7 de junio de este 2023.
Apenas el 24 de noviembre los dueños del Grupo Casanova recibieron una nueva inhabilitación otra vez por incumplir un contrato con el Issste. La sanción —que deriva de la resolución de 17 de noviembre de 2023, dictada en el expediente administrativo PA023/2023 del Órgano Interno de Control (OIC) en el Issste— le impide participar en contrataciones públicas por 30 meses.
Ante este hecho, fuentes cercanas a los empresarios aseguran que los Echenique buscan otra vez una salida judicial. Su asesor legal sería, dicen, pieza clave del Poder Judicial, un conocedor de los jueces y magistrados. Experto en ejercer presiones políticas sobre los impartidores de justicia, por lo que ya estarían encendidas las alertas en la SFP y el caso podría escalar a Palacio Nacional. Los dados podrían esta vez no estar cargados a favor del Grupo que presiden los hermanos Carlos y Joaquín, y derivar en una pena mayor para los empresarios y sus compañías, pues nos cuentan que desde hace un rato estarían en la mira no sólo por sus incumplimientos, retrasos y anomalías, sino también por su intención de confrontar a la autoridad de frente y sin miedo para defender su negocio.
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