Legacy Vulcan pretende crear una teoría de motivaciones políticas para desviar la atención del Tribunal Arbitral establecido al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) de la verdadera motivación detrás de las medidas de seguridad aplicadas en La Rosita, dice en un escrito Alan Bonfiglio Ríos, el director general de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía.
“La Demandante no ha podido demostrar la existencia de una campaña política en su contra, y utiliza su teoría para desviar la atención del verdadero problema, la preocupación legítima sobre afectaciones ambientales, confirmada con el Dictamen de la Semarnat de 2022”, dice un documento presentado por la defensa mexicana, asistida por un equipo legal de la Secretaría de Economía y firmas internacionales como Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP y Tereposky & DeRose.
“Aunque la Demandante hace referencia a extractos aislados y descontextualizados de las Conferencias Matutinas, su reclamación se basa principalmente en las declaraciones del Presidente del 2 de mayo de 2022. El resto de las conferencias que la Demandante señala, están enfocadas a informar a la ciudadanía sobre el estatus de todo tipo de situaciones políticas, sociales, económicas y empresariales, lo cual incluye, responder a preguntas directas de reporteros sobre preocupaciones legítimas de la sociedad mexicana, como lo es la situación de Calica. El hecho de que las actividades de Calica sean de interés para sectores de la ciudadanía no convierte a las medidas aplicadas en La Rosita en medidas motivadas políticamente”, agrega el equipo que pelea con la estadounidense que tiene este pleito abierto.
En octubre del año pasado, el presidente López Obrador hizo un llamado a la empresa estadounidense Sac-Tun, antes Calica, ante el supuesto daño ecológico provocado por la explotación de mil 200 hectáreas en Quintana Roo. Reiteró que durante 36 años, la empresa extrajo roca caliza de la región, afectando selvas, ríos subterráneos, cenotes y manglares. Estas actividades han llevado a la devastación de 942 especies, incluyendo 529 de fauna y 413 de flora, con varias de ellas ahora en peligro de extinción, informaron desde Palacio Nacional. El mandatario destacó que esta es considerada la peor catástrofe ecológica causada por una empresa extranjera en la Península de Yucatán y la Riviera Maya. Además, reveló que Sac-Tun retuvo agua subterránea en un área de 4.24 kilómetros cuadrados, 20 veces más del volumen autorizado, causando el colapso de cavernas y hundimientos en la región.
El Gobierno mexicano ha propuesto comprar las dos mil 400 hectáreas afectadas con el fin de convertirlas en una reserva natural protegida. Pero quiere darle lo que considera justo, no lo que han llegado a calcular que deben recibir los dueños. De concretarse la compra, se planea un proyecto ecoturístico en Playa del Carmen sobre las áreas dañadas. A pesar del llamado, hasta la fecha, la empresa estadounidense se mantiene en pleito por este a todas luces despojo o expropiación.
La 4T hoy alega que la demandante actuó de mala fe, ocultando sus verdaderas intenciones y violaciones a la legislación mexicana, mientras simulaba cumplir con las normativas ambientales sin contar con las autorizaciones necesarias. El pleito claramente sigue y seguirá.
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