El tan criticado periodo de nueve años que Édgar Elías Azar pasó al frente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México puede repetirse o hasta superarse, esto si Rafael Guerra Álvarez, actual titular del Poder Judicial capitalino, alcanza su objetivo de reelegirse en su posición por un trienio más. Desde hace tiempo, el magistrado Guerra Álvarez prepara la estrategia jurídica y de cabildeo para extender su periodo de presidencia hasta el año 2028, a pesar de que la Constitución de la CDMX establece que no existe posibilidad de que el presidente en turno del Tribunal aspire a una reelección.
De hecho, si Rafael Guerra se hubiera ajustado a los preceptos de la Carta Magna capitalina su periodo de presidencia se habría limitado a tan sólo 12 meses, pues el Artículo 35° Constitucional establecía en aquel momento que el titular del TSJCDMX “durará en su encargo un año sin posibilidad de reelección alguna, sea sucesiva o alternada”.
El actual presidente del Tribunal inició su gestión en enero de 2019 y debió concluirla en el mismo mes de 2020, no obstante, aludió en ese momento al Artículo Décimo Primero Transitorio de la propia Constitución, que indicaba que las ya aprobadas leyes relativas al Poder Judicial entrarían en vigor hasta el 1 de junio de 2019, con lo que proclamó una primera gestión de tres años.
La medida ya había generado controversia entre sus compañeros magistrados, quienes señalaban que, a pesar de que el texto constitucional consideraba usar para esa primera designación las reglas que más adelante serían derogadas, también ordenaba que no contravinieran los preceptos que ya estaban plasmados en la redacción. Después, las cosas se pusieron todavía más raras: un decreto del gobierno de Claudia Sheinbaum, publicado en la Gaceta del 21 de marzo de 2019, reformó el Artículo Vigésimo Tercero transitorio, para establecer que las reglas previas del Poder Judicial seguirían vigentes hasta que estuviera en funciones un Consejo de la Judicatura designado por el Consejo Judicial Ciudadano.
Aunque la fecha límite para que ese Consejo de la Judicatura iniciara funciones era el 13 de enero de 2020, el mismo sigue sin ser conformado; peor aún, el Consejo Judicial Ciudadano apenas fue creado por el Congreso el pasado mes de septiembre, lo hicieron con la idea de que, con su aprobación, se facilitará la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. No lo lograron. Para estas fechas, y de haberse seguido al pie de la letra las relatadas reglas del decreto, Rafael Guerra ya no sería tampoco presidente del Consejo de la Judicatura de la CDMX; ese encargo debe corresponderle constitucionalmente a uno de los consejeros designados por el Consejo Judicial Ciudadano.
Esta última omisión permitió a Guerra Álvarez reelegirse en el cargo en enero de 2022 y, aunque ya existe un Consejo Judicial Ciudadano que podría arrebatarle sus dos cargos, intentará otra vez la reelección en enero 2025, quizá para coincidir en el aparato de justicia con su esposa Eva Verónica de Gyvés, quien suena fuerte para ser próxima fiscal de la capital.
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