Es el caso de Zacatecas. Los derechos de los zacatecanos se encuentran en grave riesgo debido a la preocupante combinación de ineficiencia y soberbia protagonizada por Ricardo Olivares Sánchez, quien ocupa el cargo de secretario de Finanzas del Gobierno estatal. El oriundo de Tlaxcala ha recibido presiones en el cargo porque dejó sin utilizar dos mil 201 millones de pesos, asignados a 11 secretarías estatales, producto de subejercicios derivados de una planificación misteriosa y que supuestamente obedece a los deseos del gobernador David Monreal Ávila. Ellos creen que ahorran, que no ponen en riesgo las finanzas del Estado, que son realistas y favorecen el crecimiento.
Su argumento, que según se le permite tomar decisiones de forma independiente sin necesidad de rendir cuentas al Gobernador de Zacatecas, ha resultado en un profundo daño a las operaciones gubernamentales. La diputada local del PRI, Gabriela Basurto Ávila, ha resaltado desde hace meses la magnitud del problema al señalar que estos fondos no utilizados impactan áreas esenciales como obras, salud, desarrollo social y urbano, medio ambiente, campo, educación, seguridad, gobierno, migrantes y economía.
Aunque David Monreal no considera que el tema de seguridad le deba preocupar mucho. “Lo que está sucediendo con el tema de la inseguridad es en todo el país. El tema de la inseguridad no es privativo de Zacatecas. Debo decirles que en el estado se está haciendo un gran esfuerzo de tal suerte que logramos sólo en dos años disminuir la incidencia del delito en una importancia extraordinaria”, dijo recientemente sin afligirse. “Son casos que se están dando en todo el país, lo están viendo Nuevo León, lo están viendo en Colima, lo están viendo en Jalisco, lo están viendo en Guanajuato, recientemente en Jalisco y Zacatecas. Es lo que está sucediendo en el país derivado de la crisis social y de esta ruptura del tejido que no se puede negar ni se puede desdeñar”. Así que si le creemos al gobernador, tenemos que acostumbrarnos y no hacer nada.
El secretario reconoció que el posible retraso en licitaciones y programas en meses próximos podrían provocar reclamos de subejercicio de parte de los legisladores como ocurrió el año pasado, pero insistió en que serían ajustes necesarios.
Por lo pronto, este desaprovechamiento de recursos deja a los ciudadanos desprotegidos, ya que sus derechos básicos se ven amenazados por la negligencia del secretario de Finanzas, en este caso, y la falta de baños de pueblo de los otros políticos en el poder que toman decisiones. Los problemas no se limitan a discursos y violencia. Se ha documentado por ejemplo que Ricardo Olivares Sánchez incumplió con la entrega oportuna de pagos de aguinaldos y prestaciones de fin de año a los subsistemas de educación media y superior. Esto ha sumido a trabajadores y docentes en un viacrucis, a pesar de que existían fondos disponibles para honrar estos compromisos.
Y a pesar de sus afirmaciones de equilibrio financiero, se habla mucho de que el Gobierno adquirió un préstamo por 100 millones de pesos con Scotiabank para subsanar insuficiencias de liquidez. La opinión pública no pasará por alto las acciones de Olivares Sánchez, ni de Monreal, y estará atenta para garantizar que se actúe en conformidad con la legalidad. O que alguien haga algo para que entienda que el presupuesto debe usarse y justificarse, no precisamente le dan dinero para enseñar que sabe guardarlo bajo el colchón y cerrar los ojos junto con el Gobernador.
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