Como penoso calificaron representantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora la postura asumida por la Secretaría de Salud en el estado, al aseverar que han dado la atención médica necesaria para garantizar la integridad de las miles de personas afectadas por la contaminación.
A través de un comunicado, la dependencia estatal expuso que en los últimos dos años, se ofrecieron más de 77 mil 446 acciones por el orden de los 112 millones 713 mil 83 pesos en asistencia médica de primer y segundo nivel, que incluye atención por riesgo de exposición toxicológica.
Además, resaltaron la dispersión de 25 millones 937 mil 996 pesos en servicios hospitalarios y de salud, así mismo, recibieron atención por riesgo de exposición toxicológica con una inversión de más de 4 millones 034 mil 500 pesos.
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Ante tales versiones, los integrantes de esa organización civil lamentaron que el gobierno estatal intente presentar otra realidad a la que plantearon el martes por fuera de Palacio de Gobierno, hasta donde acudieron para denunciar omisiones por parte de las administraciones federales y estatales.
“Es una pena obtener una respuesta como ésta en lugar de las acciones específicas de atención que además ya están ordenadas por la autoridad judicial. Ustedes señalan acciones pasadas y no las presentes que reclamamos, y se refieren a acciones generales que nada tienen que ver con el problema que expusimos. El comunicado demuestra la poca capacidad que la Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar tienen para distinguir entre ‘Atención General’ y ‘Atención Especializada'”, citaron.
La molestia es que muchos de ellos han recibido desde 2014 a la fecha una sola llamada para atenderlos, mucho menos agendarles consultas con especialistas, ya que la mayoría de los habitantes tienen altas concentraciones de metales pesados en sus organismos.
“Existen todos los elementos para demostrar que no han cumplido con los acuerdos que han hecho con el Río Sonora; tenemos los documentos de las reuniones, las grabaciones, y los casos legales que les contradicen”, pronunciaron.
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Dentro de los principales reclamos que hacen está que el secretario de Salud, José Luis Alomía y la doctora Gabriela Nucamendi (IMSS-Bienestar, ex Subsecretaria de Salud), dejaron de dar la cara en las reuniones del Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora, después de que durante meses no pudieron demostrar avances en la remediación de la salud de los pobladores.
Sostienen que a las autoridades estatales no les ha sido suficiente que el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece) les hiciera entrega del diseño para la siguiente fase de atención en el Río Sonora, pues no demuestran el compromiso para implementarlo, al escudarse en los juzgados con que la instancia federal y el Gobierno Federal son responsables, pero ellos afirman que los planes se deben implementar desde el estado.
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