Aquí el contexto: El gobierno del presidente Joe Biden ha pedido a la Corte Suprema federal que permita a los agentes de la Patrulla Fronteriza cortar el alambre de púas que Texas instaló en la frontera entre Estados Unidos y México, en tanto continúa el litigio sobre estas barreras.
El gobernador texano, Greg Abbott, dispuso la instalación de kilómetros de alambradas para impedir el paso de migrantes, mientras la administración demócrata argumenta que en realidad éstas dificultan las tareas de la Patrulla. En los hechos, las cercas punzocortantes han tenido un efecto muy limitado en frenar el ingreso de personas desesperadas por asentarse en ese país, pero sí se han convertido en trampas donde quedan enganchadas sus escasas pertenencias y han dejado desgarradoras imágenes de familias intentando cruzarlas con niños y bebés.
Luego entonces, las cercas forman parte del pulso permanente de Abbott contra Biden. El ultraderechista ha usado el tema migratorio para azuzar a las bases republicanas y mantener un incesante golpeteo político en el que acusa a Biden de promover la invasión del país por parte de personas calificadas de ilegales por el discurso xenofóbico y racista. Aunque lo anterior es conocido por toda la clase política de ese país, el mandatario texano ha podido seguir adelante con sus razias antimigrantes gracias a jueces carentes de escrúpulos, quienes anteponen sus preferencias ideológicas a la ley. En suma, en la actualidad estadounidense basta con el apoyo de un juez reaccionario para habilitar políticas fascistas y pasar por encima de cualquier derecho humano. Si a esta inoperancia de las instituciones se suma la determinación de los personajes de la extrema derecha para extralimitarse en sus funciones por motivos electoreros e ideológicos, la consecuencia lógica es la ruptura del federalismo y la formación de zonas grises donde las leyes quedan suspendidas de facto. Hay que decirlo tan claro; el ejecutivo federal queda sometido a una impotencia casi total, incapaz de cumplir con sus tareas elementales y obligado a respetar decisiones de los gobiernos estatales sin importar cuán injustas, crueles y a todas luces contrarias a los derechos humanos sean.
Ojo con la libertad de expresión…
Un tema que me preocupa y me ocupa, es la tan llevada y traía libertad de expresión, manoseada —regla general— por el poder político en turno y sus resultados. Aquí tocaré tres casos para la reflexión. (1). Observamos que en el Estado de Nuevo León sigue existiendo el delito de difamación donde una persona puede ser llevada a la cárcel por emitir su expresión (Caso Jalife). Nuestro país desde hace más de 20 años había iniciado una transición para la desaparición de estos delitos (calumnia y difamación) para transitar a un sistema denominado de “responsabilidad civil objetiva”, es decir, que no se dejará de establecer una sanción para aquellos que difaman o calumnian pero que la misma no fuera privativa de la libertad sino sólo implicara una sanción económica bajo criterios de gradualidad. Si bien es cierto en varios estados se eliminaron estos delitos en otros no. La difamación todavía es delito en 6 estados…
(2). Los constantes ataques al órgano garante del acceso a la información el cual recibió este mes una nueva amenaza sobre su desaparición. Sin lugar a dudas, la transparencia administrativa y el derecho de acceso a la información son dos triunfos de la incipiente democracia mexicana y su garantía se debe fundamentalmente al carácter autónomo del órgano que permite su salvaguarda. La tramposa narrativa sobre su inoperancia o superficialidad sólo evidencia la animadversión de entender lo público como la caja de cristal en donde todos podamos observar y controlar lo que sucede con lo público. (3). La inseguridad que padecen los profesionales de la información en México. Con corte al 30 de noviembre la organización Artículo 19 reportaba 5 asesinatos más este año y hemos visto como algunos periodistas han sido secuestrados o atacados por hombres armados. La responsabilidad del Estado no se agota con una garantía de la libertad de expresión que suponga un mero “poder decir” por el contrario, la garantía de la libertad de expresión estriba en proporcionar todas las condiciones necesarias para que los profesionales de la información puedan ejercer su profesión sin temer amedrentamientos, amenazas o perdida de la integridad o la vida. Nos vemos la próxima, y Feliz 2024.
Hasta entonces.
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