Tremendo pataleo de la legión machista se ha reflejado en redes sociales tras la aprobación de reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Senado de la República, que dará paso a la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
¿Qué significa esto? Simple, todos aquellos padres que por meses o años han hecho como que la virgen les habla evadiendo su responsabilidad estarán en ese padrón y si pretenden contender por algún cargo de elección popular o de jueces, deben ponerse al corriente o despedirse de sus aspiraciones políticas.
Esta reforma va más allá en el objetivo de garantizar la pensión alimenticia de manera homologada en todo el país, por lo que los deudores alimentarios no podrán tramitar licencia de conducir, pasaporte, credencial para votar, salir del país, realizar compra-venta de inmuebles y contraer nuevas nupcias.
Únicamente podrán hacerlo si cuentan con el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que deberán gestionar previo a los trámites ya referidos. Quienes no quieran ser exhibidos, no tendrán más remedio que, ahora sí, cumplir con su deber.
Esperemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgue la reforma sin dilaciones, para que, al menos en esto responda a una demanda de muchos años de las mujeres en México, feministas o no. Le restan 19 meses de mandato y el tiempo apremia.
Sin voluntad política en Sonora
En nuestro Estado, la voluntad política brilla por su ausencia, pues duerme el sueño de los ‘injustos’ en el Congreso local la iniciativa ciudadana “Ley 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres”, presentada en noviembre de 2022 por la “Observatoria Todas MX Sonora”, conformada por más de 40 colectivas feministas.
La iniciativa, respaldada por más de 21 mil firmas, tiene como propósito que ninguna persona agresora de mujeres o infancias, que esté sujeta a proceso por violencia familiar, sexual y de género contienda por algún cargo de elección popular o tenga cargos públicos.
La “3 de 3 contra la violencia de género” tiene su origen hace al menos tres años, cuando el grupo “Las Constituyentes CDMX” promovió en 2020 que se impidiera que contendieran por un cargo de elección quienes hayan cometido violencia familiar o doméstica, sexual o que incumplen con la pensión alimenticia.
El INE lo adoptó en los lineamientos del proceso electoral 2020-2021 y que dio paso a la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género y fue respaldado también por el Poder Judicial.
En otra cancha, la de la Cámara de Diputados, legisladoras que integran el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva estimaban hace un par de semanas que para finales de este mes se aprobara en la Comisión de Puntos Constitucionales la “3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres” y en abril se aprobara en el Senado.
Sin embargo, con la reforma realizada en el Senado para la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, habrá que ver si el resto de la iniciativa en la Cámara Baja no queda lo demás en standby y a medias, porque falta o referente a que quienes tengan antecedentes por violencia de género tampoco puedan contender por cargos de elección.
Ante la efervescencia preelectoral rumbo a 2024, veremos si se animan a hacer la reforma completa o la dejan mocha y qué sucede también en Sonora, donde todo ha quedado en mero discurso hasta ahora.
Hasta la próxima.
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