La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que el gobierno de El Salvador socava la libertad de expresión y prensa de forma “sistemática”, de acuerdo con un informe preliminar que debe ser aprobado este domingo por la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea.
“Las libertades de expresión y de prensa, la transparencia y el derecho al acceso de los ciudadanos a la información pública, siguieron siendo socavados en forma progresiva por el gobierno y sus entidades”, indicó en el documento.
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Detalló que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró al menos “266 agresiones en contra del ejercicio periodístico dentro del marco del régimen de excepción que limita los derechos constitucionales y judiciales”, y que está vigente desde marzo de 2022.
“El mayor número de agresiones consiste en declaraciones estigmatizantes del presidente Nayib Bukele y funcionarios o aliados del oficialismo, así como casos de acoso judicial y restricciones a periodistas”, acotó.
Sostuvo que uno de los hechos más significativos fue la detención por casi un año del periodista comunitario Víctor Horacio Echeverría Barahona, de 55 años, quien fue liberado el 19 de mayo, después de haber sido encarcelado el 7 de julio de 2022.
“Barahona fue detenido tras entrevistar a un dirigente de vendedores informales. Denunció que sufrió tortura psicológica, no recibió atención médica oportuna para tratar su hipertensión, lo cual lo puso al borde de la muerte”, relató la SIP.
También, periodistas de El Diario de Hoy y de otros medios “fueron amenazados con ir a prisión, una práctica cotidiana del gobierno para intimidar a la prensa”.
En todos los casos los uniformados tomaron fotos de los documentos y credenciales de los periodistas sin explicar la razón.
La SIP sostuvo que El Diario de Hoy y uno de sus periodistas “han sido demandados por un total de 10 millones de dólares en una acción promovida por un familiar de un alto funcionario del gobierno”.
Dicha demanda se dio “por reproducir parcialmente un artículo de la revista Proceso en el que se menciona al demandante”, que prosiguió con esta acción “pese a que el diario publicó en dos ocasiones una carta de aclaración, derecho que otorga la ley de rectificación y respuesta”.
“En las esferas periodísticas y organizaciones de libertad de prensa causó preocupación que se promueva este tipo de demandas que buscan intimidar a los medios en general mediante la indemnización millonarias que se persigue y porque los jueces las admitan sin tener en cuenta leyes que protegen la libertad de prensa y estándares interamericanos”, sostuvo la SIP.
Dijo también que el gobierno y sus entidades “mantienen cerrado al público información sobre gastos, manejos y destinos de proyectos multimillonarios del Estado”.
La SIP destacó que “en medio de tanta agresión, amenaza e incertidumbre fue alentadora una misión de funcionarios del gobierno de Estados Unidos que se reunió en septiembre con líderes de la sociedad civil“.
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También vio como positivo la derogación de una “ley mordaza” que daba penas de hasta 15 años de cárcel “a quienes las autoridades consideraban que transmitían mensajes relacionados con pandillas”.
“La amenaza que pendía a través de ellas obligó a la salida de 15 periodistas por temor a ser encarcelados”, indicó y agregó que esta derogación se dio “poco después de la visita del Secretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols“.
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