En el año 2020 analistas militares advirtieron que la Guardia Nacional (GN) sería cuestionada porque “el esquema de atribuciones y competencias” no corresponde a las necesidades de una fuerza pública dotada de “capacidades y de aptitud” para responder ante la inseguridad y violencia que impera en el país. La falta de indicadores y ausencia de coordinación institucional con la Comisión Nacional Antisecuestro y el Centro Nacional de Inteligencia, por citar dos casos, derivarían en presiones sobre la capacidad e integración operativa necesaria para afrontar la inseguridad.
Tres años después el avance del control territorial del crimen organizado en el país, donde el cobro de piso, masacres, y secuestro masivo de migrantes, son algunos lastres que retratan la crisis de seguridad que dejará el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
En un documento de la GN fechado en marzo de aquel año, se avisaba que los indicadores y su definición serían cuestionados por estar desvinculados de los objetivos y misión institucionales, “lo que impedirá que hagan impacto en la seguridad percibida y objetiva, y por lo tanto generará desapego y desconfianza en la ciudadanía”. Los analistas aconsejaban “detectar y atacar puntos específicos en los que la intervención policial pueda generar un impacto positivo y duradero en la seguridad y la percepción ciudadana”.
Si algo habría que reconocer a nueve meses que termine la administración de López Obrador, es que los análisis prospectivos para la inteligencia estratégica que realiza la Unidad de Órganos Especializados por Competencia (UOEC) de la GN, tienen sentido autocrítico y puntualizan con antelación varias de las deficiencias de la política gubernamental en seguridad pública.
La herencia del sexenio de López Obrador empieza por el vacío institucional que resalta cuando se analiza la información sobre el avance del control territorial por ejemplo en Guanajuato y Michoacán, del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La violencia como recurso de control y amedrentamiento contra policías locales, donde la primera entidad fue primer lugar nacional en 2023 en policías asesinados, va aparejada sobre la falta de respuesta federal no sólo en labores preventivas, sino en investigación ministerial y coordinación institucional.
Frente al fracaso que implica la expansión criminal nunca vista en la historia reciente del país de la delincuencia, y antes de que López Obrador usara como recurso atacar a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, su gobierno fue advertido de la descoordinación entre las instituciones que llevan a cabo la detención de probables delincuentes y aquellas que son encargadas de perseguir el delito, es decir las fiscalías locales y la federal. La liberación de delincuentes por errores en la conformación de las carpetas de investigación se volvió recurrente este sexenio y puso de manifiesto la falta de capacitación de los policías que no pueden elaborar el informe básico con el cual se inicia un expediente sobre un hecho delictivo.
En el tramo final del sexenio la discusión tendría que estar enfocada en la falta de coordinación entre GN y policías con fiscalías y ministerios públicos. Más que reformar al Poder Judicial, primero habría que reformar la procuración de justicia.
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