Hermosillo, Sonora.- Pese a que más de 80 personas han denunciado violencia digital en Sonora desde que se aprobó la Ley Olimpia en el estado, el Poder Judicial sólo ha emitido dos sentencias por este motivo.
Tras aprobarse en Sonora, en octubre de 2021, la Ley de Protección contra la Violencia Digital fue posible denunciar a quienes por cualquier medio, incluyendo redes sociales, publique, intercambie, difunda o elabore imágenes, audios o videos de contenido sexual, erótico o pornográfico.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), durante el primer año de su aprobación se recibieron 36 denuncias por este motivo y la cifra aumentó en 2023, pues hasta noviembre se sumaron otros 48 expedientes.
Sin embargo, son pocas las sentencias derivadas a estas carpetas de investigación porque las estadísticas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado indican que sólo 2 personas recibieron sentencia.
Difundir fotos por whatsApp y amenazar con divulgarlas en redes
La primera sentencia condenatoria fue de 2 años 8 meses emitida en 2021 a una mujer de Caborca quien distribuyó contenido erótico de la víctima por WhatsApp.
La segunda sentencia fue de 3 años en contra de un hombre de San Luis Río Colorado (SLRC) por pedirle 700 pesos a la víctima a cambio de no divulgar en redes sociales videos donde sostenían relaciones sexuales.
Los datos proporcionados por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado indicaron que ambos casos fueron catalogados por el delito de “violación a la intimidad sexual” que es justamente lo que abarca la Ley de Protección contra la Violencia Digital
Casos en todo el estado
La información entregada por la Fiscalía General de Justicia a través de Transparencia detalla que el mayor número de denuncias se reciben en Hermosillo, Cajeme y Agua Prieta.
Sin embargo, los casos están por todo el estado, ya que los datos oficiales muestran carpetas de investigación incluso en municipios pequeños como Carbó y Altar.
Las víctimas más recurrentes se encuentran en un rango de edad entre 10 a 24 años de edad, mientras que el mayor número de imputados están en un rango de 25 a 34 años de edad.
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