Hermosillo, Sonora.- El ciudadano canadiense Perry Lloyd Middaugh dio a conocer cómo fue que una exfuncionaria del Gobierno del Estado de Sonora lo involucró en un fraude con el que lo despojaron de propiedades y más de 40 millones de pesos.
César García Laguna, comisionado general de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y representante legal del afectado, compartió que en este caso también están involucrados notarios públicos de Guaymas.
“Estamos hablando de irregularidades que se pueden constituir como delitos, por parte de algunos notarios públicos de Guaymas y una jueza del Cuarto Juzgado del Distrito Hermosillo de lo Familiar, y la ex directora del Centro de Control y Confianza de Seguridad Publica Estatal”, indicó.
El abogado de Perry dijo que Elizabeth Romo Cortés, exfuncionaria del gobierno de Guillermo Padrés Elías, conoció a su cliente durante un vuelo de Panamá a Aruba.
“Ella se había ganado un premio de un grupo de personas que venden aceites Young Living, lo conocen en el avión, Elizabeth y una amiga suya; empezaron a interactuar con él por unas cuestiones en su piel que le vieron en la mano”, explicó.
Luego de haber compartido el vuelo con Perry, detalló el defensor legal, se quedó con su número de teléfono y los tres días que ella estuvo en Aruba estuvo llamándolo.
“Le preguntó a qué se dedicaba, él le responde que en invertir en bienes raíces, que es donde ella empieza a través de una serie de mensajes a tratar de convencerlo a que venga a invertir a San Carlos, esto fue en septiembre del 2021”, expuso.
César destacó que un mes después de que le hizo la invitación, Perry vino a Hermosillo por primera vez en su vida. Entre Elizabeth y otra amiga de ella que trabaja en bienes raíces, llamada Gisela; lo convencieron de que comprara propiedades.
“Para esto, lo convencen también de que sería más fácil para ella invertir si se casan, para poder invertir en propiedades que están cerca de la costa, pues le decía que como extranjero no podía invertir en esas propiedades, mintiéndole, porque se pueden adquirir a través de la figura del fideicomiso”, apuntó.
El defensor legal de Perry expuso que tienen toda la evidencia de los depósitos que se realizaron desde su cuenta. El primero fue de un millón 160 mil de pesos.
“El segundo depósito fue de la misma cantidad, y hubo una serie de pagos así, de 3 millones y medio, de 3 millones 800. Lo que aquí nos preocupa es que cuando se procedió a inscribir las escrituras en el registro público de la propiedad, previo se tiene que acudir a la notaría para hacer la escritura y el notario omite preguntar cuál es la procedencia del dinero”, enfatizó.
García Lagunas advirtió que como hay recibos de pago a nombre de Perry y de su empresa, tenían que estar en las escrituras como copropietarios. El notario inscribió las propiedades directamente a nombre de la señora y con eso la dejó a ella como dueña de los bienes que supuestamente deben de ser de él.
“De la casa que sí está a nombre de él, ésta se encuentra en Salvatierra, aquí en Hermosillo, está valuada entre 7.5 y 9 millones de pesos con todo y la remodelación que le hicieron a la casa. Perry se casa el 8 de julio del 2022, para octubre de ese mismo año él ya tiene su dinero en Hermosillo”, planteó.
César externó que hay un proceso de divorcio de por medio, sin embargo, otra de sus preocupaciones es que el matrimonio entre Perry y Elizabeth no se consuma. Indicó que se debe anular porque no hubo relaciones de ningún tipo, sentimentales o sexuales.
“Él viene de vacaciones en diciembre del 2022, quiere llegar a su casa, pero se encuentra con ella ya estaba metida en el inmueble, siendo ellos ya esposos, y le niega la entrada con todo y su familia que venía de Canadá”, añadió.
Después de este hecho, la mujer señalada habló a la Policía y logró una orden de restricción en contra de Perry. Luego le pidió a una jueza que la dejara como posicionaria de la propiedad que estaba a nombre de él.
“Esta casa la adquirió Perry antes de que Elizabeth se casara con él; que si bien le corresponde algo por haberse casado con él, le corresponde lo que se haya hecho entre los dos en el período de matrimonio y no se hizo nada, por que todo lo que hicieron lo han hecho con dinero de él”, culminó.
César opinó que la jueza del familiar no debió de haber aprobado el traspaso de la propiedad de la casa a ella bajo la premisa de que se velaría por el bien de un menor, que es hijo de la presunta responsable del fraude.
“Ella tiene dos hijos, pero no son de él, sin embargo, le está exigiendo siendo que ella ya recibe una pensión del padre de los niños. Esto es injusto por todos lados que lo vean y es por eso que venimos el apoyo para que sepan que la señora no es una persona honesta”, finalizó.
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