No es tiempo perdido recordar que la Ley Minera reformada por el presidente sigue al acecho y con puerta abierta para generar por lo menos, grandes inconvenientes y enormes costes económicos a la industria. Esta Ley que básicamente fue un paquete de reformas a diferentes leyes como la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Ley Federal de Aguas, obvio a la Ley de Minería también, deja en esta de indefensión a las empresas mineras y de momento genera una gran incertidumbre.
Hago el recuento. Esta Ley no solo reduce el tiempo de las concesiones y el tiempo de prórroga de las mismas, elimina el esquema de primer solicitante, condiciona la minería a disponibilidad hídrica, prohíbe la transmisión de derechos de agua, crea un esquema de sanciones, crea un nuevo esquema de desechos y condiciona cualquier proyecto a un dictamen de impacto social que obligará a una garantía financiera para cubrir cualquier afectación a las comunidades y entre otras monerías, establece la obligación de un convenio con la comunidad para aportarles No menos del 5% de las ganancias anuales.
La gran problema aquí no es que un gobierno decida tomar medidas restrictivas, pues claramente desalientan y complican las inversiones nuevas y operaciones en curso de una importante actividad productiva para el país, el gravísimo problema será la aplicación de estas medidas, es ahí donde se abre aún más la puerta a los abusos y la corrupción, quien va ser la policía que haga valer esta ley y de que tamaño va ser el calibre de la pistola. La aplicación de esta nueva Ley debe ser interpretada y precisada en un Reglamento de la Ley de Minería, el cual por ley, debió emitirse el año pasado a finales y no se emitió, cuando se va emitir?, quien lo va a regular?, van a crear un nuevo organismo que sean los celadores mineros del bienestar?, quien lo va encabezar?, cómo va ser el “acuerdo” con las comunidades?, cuáles comunidades?, que tan cerca tendrían que estar de los proyectos? Quien va a decidir que están siendo afectados?, a que se refiere afectar a una comunidad?.
Cuando haya respuestas va empezar el problema, por ahora está bien que haya 500 empresas en proceso de amparo, sabemos que es obligación de las empresas tomar la ruta legal para defenderse y sabemos que recibir un amparo de un juez de Distrito no significa un triunfo porque la autoridad va pedir revisión de los Tribunales Colegiados, va a dilatar las resoluciones y si es necesario va a pedir la revisión en Suprema Corte y para que ese camino se termine habrá pasado cuando menos año y medio, y en ese entonces vamos a tener una presidenta que dice ha formado su carrera luchando por el medio ambiente, y entonces va a ser otro México, mejor? No lo sé.
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