De enero a octubre, el Gobierno federal gastó un billón 52 mil 917 millones de pesos en el pago de pensiones y jubilaciones, una cifra sin precedente para un periodo similar, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se trata de un costo superior en 11%, en términos nominales (antes de ajustarlo a la inflación), al erogado en ese lapso de 2022, y está previsto que continúe su camino ascendente en el futuro próximo. El incremento constante en los montos destinados al retiro de los trabajadores del Estado y los registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) responde al envejecimiento de la población mexicana: crece el número total de habitantes y el porcentaje de quienes cuentan con 65 años o más pasó de cuatro a 10% entre 1970 y 2023. Aunado a la baja en la natalidad y el consecuente estrechamiento de la población económicamente activa, el creciente costo de las pensiones y jubilaciones presiona de manera sensible a las finanzas públicas.
Para ilustrar el significado de estas liquidaciones, basta con mencionar que asciende a 22%, casi una cuarta parte, del gasto programable de la Federación. Las dimensiones de este gasto dan pábulo a las voces que ven en las pensiones un dispendio de recursos que estarían mejor invertidos en infraestructuras, la educación, la salud, la investigación científica y tecnológica o los estímulos a la iniciativa privada.
Con todo, estos discursos puedan resultar persuasivos dados los innegables rezagos nacionales en todos los rubros enumerados, debe recordarse que quienes los enarbolan rara vez tienen una preocupación genuina por recomponer la situación del país e impulsar el desarrollo de las mayorías: lo que se halla detrás de esos llamados es una combinación de dogmatismo neoliberal e intereses personales y de grupo que buscan destruir las conquistas laborales para convertir los derechos de los trabajadores en un espacio de lucro, tanto mediante la reducción de impuestos como por la transferencia del presupuesto público a manos privadas, tal como se hizo de manera escandalosa durante los sexenios anteriores.
La realidad es que la Federación tiene un amplio margen para reforzar el régimen fiscal, a fin de allegarse recursos que permitan sostener e incluso ampliar derechos como las pensiones y jubilaciones sin que ello implique afectar el clima de negocios ni la prosperidad de los dueños de grandes capitales. El caso de los bancos resulta paradigmático de la concentración de la riqueza en pocas manos y de las fuentes de las cuales podría financiarse el Estado para sostener el bienestar de la mayoría de los mexicanos…
2023; el año más caliente…
Así las cosas; científicos de la Unión Europea afirmaron que el 2023 es el año más cálido jamás registrado, ya que la temperatura media mundial durante los 11 primeros meses del año alcanzó el nivel más alto jamás registrado, 1.46 °C por encima de la media de 1850-1900. El récord se produce en un momento en que los países se encuentran en negociaciones maratónicas sobre la eliminación progresiva, por primera vez, del uso de carbón, petróleo y gas que emiten CO2, la principal fuente de emisiones que provocan el calentamiento, en la cumbre COP28 de Dubái.
Este año ha habido ya seis meses y dos estaciones que han batido récords. Las extraordinarias temperaturas globales de noviembre, incluidos dos días más cálidos de 2ºC por encima de la época preindustrial, significan que 2023 será el año más cálido de la historia. El otoño boreal septiembre-noviembre fue también el más cálido registrado a nivel mundial por un amplio margen, con una temperatura media de 15.30ºC, 0.88ºC por encima de la media, señalaron los científicos de la UE.
Los esfuerzos se están retrasando para cumplir el objetivo del Acuerdo de París de 2015 de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, sobre los cuales los científicos advierten de un grave impacto en el clima, la salud y la agricultura.
La UE tiene una de las políticas de cambio climático más ambiciosas de las grandes economías y ha aprobado leyes para cumplir su objetivo de 2030 de reducir las emisiones netas en 55% respecto a los niveles de 1990, que según los analistas es el mínimo necesario para alcanzar las emisiones netas cero en 2050, que así sea. Nos vemos la próxima.
Hasta entonces.
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