Hermosillo, Sonora.- Buscan una sentencia firme en la Ley 3 de 3 con la que se busca prohibir que las personas con cargos públicos no sean deudores de pensión alimenticia o agresores familiares y/o sexuales, informó el convocado por la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso Local y la Observatoria Ciudadana Todas Mx-Sonora.
Amelia Iruretagoyena Quiroz, Leticia Burgos Ochoa y Guadalupe Hernandez López, integrantes de la Observatoria Ciudadana Todas Mx-Sonora, se han pronunciado durante un año por la promulgación de la Ley 3 de 3 abordando los retos y desafíos que persisten, ya que para su aplicación se requieren de 14 reformas constitucionales que se tienen pendientes en el Congreso Local.
Guadalupe Hernández destacó que el estado debe garantizar que ninguna persona agresora sea servidora pública, ya que 3 de cada 4 infantes no reciben pensión alimenticia y en un 86 por ciento de los divorcios la custodia queda en manos de la madre. De este porcentaje, un 75 por ciento no recibe pensión alimenticia y de este mismo, el 70 por ciento ganan salarió mínimo.
De esta forma, Leticia Burgos expresó cuáles son las reformas en materia de justicia donde se busca que se prevalezcan los principios de acceso igualitario con perspectiva feminista; que se fortalezca el poder judicial con mecanismos de seguimientos y evaluación para ministros, manistrados y jueces en relación con sus actuaciones judiciales; y que sus salarios sean determinados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
También mencionaron que buscan que sea obligatoria la participación ciudadana en los procesos de administración de justicia, que se considere un diagnóstico de las condiciones sociales, atendiendo los problemas de la violencia institucional, así como resolver el déficit de acceso efectivo a la justicia de la ciudadanía, infancias, mujeres y grupos vulnerables.
Finalmente, expresaron que los tres poderes no cumplieron con las expectativas de esta comunidad, pues “les quedaron a deber”, especialmente a las infancias.
“Ante lo evidente no hay más que decir, exacto, no solamente nos quedó a deber el poder legislativo, nos quedó a deber, el ejecutivo y el judicial, las reformas están referidas a todo proceso de elección o designación de servidores públicos”.
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