WASHINGTON, D.C.- Derek Chauvin, el exoficial condenado por el asesinato de George Floyd, fue apuñalado y sufrió heridas graves este viernes en una prisión federal en Arizona, según una fuente anónima citada por The Associated Press.
El incidente tuvo lugar en la Institución Correccional Federal de Tucson, una prisión de seguridad media que ha enfrentado problemas de seguridad y escasez de personal. La fuente, no autorizada para discutir públicamente los detalles, dio la información bajo condición de anonimato.
La Oficina Federal de Prisiones confirmó que un recluso fue agredido en la FCI Tucson alrededor de las 12:30 p.m. del viernes. Según la declaración del sistema penitenciario, los empleados respondieron de inmediato, contuvieron el incidente y realizaron “medidas para salvar vidas” antes de que el recluso, no identificado, fuera llevado a un hospital para recibir tratamiento adicional.
No se informó de lesiones a empleados y el FBI fue notificado, según la Oficina Federal de Prisiones, que también suspendió las visitas a la instalación, que alberga aproximadamente a 380 reclusos.
Aún sin declaraciones de abogados
Se intentó obtener comentarios de los abogados de Chauvin y del FBI, pero no hubo respuesta. Este apuñalamiento de Chauvin es el segundo ataque de alto perfil a un prisionero federal en los últimos cinco meses. En julio, el médico deportivo deshonrado Larry Nassar fue apuñalado por otro recluso en una penitenciaría federal en Florida.
También es el segundo incidente importante en la prisión federal de Tucson en poco más de un año. En noviembre de 2022, un recluso en el campo de baja seguridad de la instalación sacó un arma y trató de disparar a un visitante en la cabeza. El arma falló y nadie resultó herido.
Trasladan a Chauvin a Tucson en 2022
Chauvin, de 47 años, fue trasladado a FCI Tucson desde una prisión estatal de máxima seguridad en Minnesota en agosto de 2022 para cumplir simultáneamente una condena federal de 21 años por violar los derechos civiles de Floyd y una condena estatal de 22 años y medio por asesinato en segundo grado.
El abogado de Chauvin, Eric Nelson, había abogado por mantenerlo fuera de la población general y alejado de otros reclusos, anticipando que sería un blanco. En Minnesota, Chauvin fue principalmente mantenido en confinamiento solitario “en gran parte por su propia protección”, escribió Nelson en documentos judiciales el año pasado.
La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación de Chauvin de su condena por asesinato. Separadamente, Chauvin está haciendo un intento poco probable de anular su declaración de culpabilidad federal, alegando nueva evidencia que muestra que no causó la muerte de Floyd.
¿Quién era Floyd, a quien asesinó?
Floyd, un hombre afroamericano, murió el 25 de mayo de 2020, después de que Chauvin, oficial blanco, presionara una rodilla sobre su cuello durante nueve minutos y medio en la calle, fuera de una tienda de conveniencia donde sospechaban que Floyd intentaba pasar un billete falso de veinte dólares.
Un video de un transeúnte capturó los angustiosos gritos de Floyd diciendo “no puedo respirar”. Su muerte desencadenó protestas en todo el mundo, algunas de las cuales se volvieron violentas, y obligó a una reflexión nacional sobre la brutalidad policial y el racismo.
Los otros tres exoficiales que estaban en la escena recibieron condenas estatales y federales menos graves por sus roles en la muerte de Floyd.
Sistema penitenciario en la mira
Este apuñalamiento de Chauvin se produce en medio del aumento de la atención sobre la Oficina Federal de Prisiones en los últimos años, tras el suicidio en prisión del financiero millonario Jeffrey Epstein en 2019.
Es otro ejemplo de la incapacidad de la dependencia para mantener seguros incluso a sus prisioneros más destacados después del apuñalamiento de Nassar y el suicidio de Ted Kaczynski, el “Unabomber”, en un centro médico federal en junio.
Una investigación que la agencia de información AP dice tener en curso ha descubierto fallas profundas y previamente no informadas dentro de la Oficina Federal de Prisiones, la encargada de aplicación de la ley más grande del Departamento de Justicia, con más de 30 mil empleados, 158 mil reclusos y un presupuesto anual de aproximadamente 8 mil millones de dólares.
La investigación ha revelado abusos sexuales generalizados y otra conducta criminal por parte del personal, docenas de fugas, violencia crónica, muertes y grave escasez de personal, lo que ha obstaculizado las respuestas a emergencias, incluidos los ataques, como podría ser en este caso, y suicidios de los reclusos.
La directora de Prisiones, Colette Peters, fue designada el año pasado para reformar esta agencia plagada de crisis. Prometió cambiar las arcaicas prácticas de contratación y aumentar la transparencia, al tiempo que enfatizaba que la misión de la organización es “hacer buenos vecinos, no buenos reclusos”.
Testificando ante el Comité Judicial del Senado en septiembre, Peters destacó las medidas que había tomado para reformar las cárceles problemáticas y fortalecer las investigaciones de asuntos internos.
Este mes le dijo a un subcomité de la Comisión Judicial de la Cámara que la contratación había mejorado y que las nuevas contrataciones superaban las jubilaciones y otras salidas… Pero Peters también ha irritado a los legisladores que dijeron que no cumplió su promesa de ser franca y abierta con ellos.
En septiembre, los senadores la reprendieron por hacerlos esperar más de un año para obtener respuestas a preguntas por escrito y por afirmar que no podía responder preguntas básicas sobre las operaciones de la agencia, como cuántos oficiales correccionales hay en el personal.
Lea el artículo completo aquí.
