A tres años de la reforma legal que dió origen a los juzgados cívicos en Hermosillo, por falta de presupuesto, sólo uno de los tres juzgados calificadores han sido reconvertidos a la figura en la que se privilegia la mejor atención a los ciudadanos como sujetos de derechos y no como simples infractores del Bando de Policía y Buen Gobierno, informó el Secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz Armenta.
El funcionario municipal explicó que hace tres años hubo reformas federales que obligan a que los municipios vayan convirtiendo sus Juzgados Calificadores a Juzgados Cívicos.
“No es nada más cambiar el nombre, el fondo es que la tradicional justicia de barandilla, el juez calificador, lo que hace es calificar la multa y asigna el monto de la multa. El espíritu de ese modelo es sancionar, que la gente aprendiera conforme a multas, que corrija sus fallas con multas”, mencionó.
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Ahora -dijo- el modelo de justicia cívica tiene un componente más social, se va más a fondo del asunto, toma en cuenta quien es la persona y analiza si hay otras opciones más allá de la multa o el arresto.
“Tenemos un juez cívico, un defensor de oficio, un psicólogo y mediadores, de manera que cuando el infractor es llevado ante el Juzgado Cívico, no va directamente ante el juez, pasa primero con el o la psicóloga para ser valorado sin es apto para participar en un juicio, porque hay gente que viene drogada o intoxicada, que no son aptos, incluso pueden ser liberados y se les cita para el respectivo juicio y si no vienen vamos por ellos”, indicó.
Hay varios tipos de infracciones administrativas que pueden ser sancionadas por un juez calificador o en este caso por un juez cívico y en caso de ser un conflicto entre vecinos, están los mediadores y mediadoras que buscan una solución consensuada, antes de pasar con el juez.
Y una vez que el infractor llega ante el juez, hay un abogado defensor, que está ahí para velar por los derechos del indiciado. Y en la sentencia hay opciones de multa, arresto o servicio a la comunidad.
“En todos los casos se trata de faltas administrativas o infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, pues los delitos no son competencia de este juzgado que es cívico. Los delitos son turnados al Ministerio Público para el inicio de las respectivas carpetas de investigación”, aclaró Díaz Armenta.
Dignidad, respeto y justicia
Comentó que con el Juzgado Cívico hasta las instalaciones tienen que ser más dignas, porque lo que se busca es que el ciudadano vea que se le trata con dignidad, con respeto y con justicia.
“Se busca también que los problemas se solucionen de fondo, con alternativas de apoyo para diversos casos. Por ejemplo en caso de faltas cometidas por personas con problemas de consumo de narcóticos, se les ofrece atención para rehabilitación”, relató.
En Hermosillo hay cuatro juzgados: tres son juzgados calificadores y sólo uno es juzgado cívico y se ubica en la Comandancia de la Zona Centro.
“Estamos presupuestando para ver si en el 2024 hacemos dos más o al menos uno más. Los juzgados calificadores uno está en la Colonia Cortijo y el otro en la Colonia Nuevo Hermosillo y uno más en el Poblado Miguel Alemán. Las demás comandancias no tienen juzgados. Estamos en la ruta de ampliarlo, vale la pena el esfuerzo”, comentó.
Cabe mencionar que el juzgado cívico funciona desde el inicio de la actual administración, ya que el gobierno municipal anterior construyó las instalaciones y al inicio del actual trienio se contrató al personal necesario para operarlo.
Florencio Díaz Armenta hizo un recuento de los resultados con el nuevo juzgado cívico. Señaló que durante el 2023 se han presentado, de enero a noviembre 6 mil 155 personas ante los jueces, de las cuales 612 fueron llevadas ante el juzgado Cívico.
“Apenas el 10%, en los demás juzgados fueron más, pero la idea es que el 100% de las personas detenidas sean tratadas en juzgado cívico”, prometió.
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En materia de mediación, de enero a noviembre de este año, se han mediado en 210 casos, con prevalencia en pleitos por música en alto volumen, insultos y daños en propiedad ajena de los vecinos.
De todos los casos presentados, al menos un 30% de los infractores han optado por realizar servicio comunitario en lugar de multa o de arresto.
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