La reforma modifica 12 artículos de la Constitución y establece que la Guardia Nacional estará compuesta por personal de origen militar, aunque recibirán formación policial.
Con 362 votos a favor, 133 en contra y sin abstenciones, la Cámara de Diputados de México aprobó en lo general la reforma que transfiere el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Esta medida refuerza el rol del Ejército en la seguridad pública y otras áreas clave como el control de aduanas, la construcción de obras públicas, el transporte de combustibles y el apoyo en labores sociales.
La reforma modifica 12 artículos de la Constitución y establece que la Guardia Nacional estará compuesta por personal de origen militar, aunque recibirán formación policial. También se le otorgan nuevas facultades, como la capacidad de investigar delitos bajo la dirección del Ministerio Público.
Durante la sesión de votación, los diputados de Morena y sus aliados celebraron con vítores a la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Sin embargo, los legisladores de la oposición criticaron la reforma, calificándola como un avance hacia la militarización del país.
La diputada morenista Clara Luz Flores defendió la iniciativa, asegurando que no implica una “militarización”, ya que las funciones de la Guardia Nacional estarán bien delimitadas y enfocadas en el apoyo a las autoridades civiles. Por otro lado, Lorena Piñón del PRI expresó su preocupación de que esta reforma aleje a México de los estándares internacionales en materia de seguridad pública, haciendo referencia a recomendaciones de organismos de derechos humanos y fallos de tribunales internacionales.
La reforma, promovida por el presidente López Obrador, es la tercera en su administración que ha logrado ser aprobada por el Congreso de la Unión antes del fin de su sexenio, el próximo 30 de septiembre. No obstante, la medida ha recibido críticas de organizaciones como la Oficina de las Naciones Unidas en México y Amnistía Internacional, quienes han expresado su preocupación por el creciente empoderamiento del Ejército en tareas de seguridad pública.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA
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