Una verdadera bomba política acaba de estallar en el corazón del árbitro electoral. En la conferencia matutina se destapó una trama de poder, dinero y presuntos nexos turbios que involucra a expresidentes, viejos consejeros electorales y a la actual cúpula comicial.
De acuerdo con el reporte de Azucena Uresti (con información de Israel Aldave para Radio Fórmula), la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que una red empresarial ligada a órganos electorales ha operado impunemente durante los últimos 27 años, acumulando miles de millones de pesos. Raquel Buenrostro, titular de Anticorrupción, exhibió cómo este grupo creció al amparo de la reforma de 2014, salpicando tanto a antiguos consejeros como a la mismísima consejera presidenta, Guadalupe Taddei.
Poniendo la lupa en las relaciones de poder, el periodista Jorge Armando Rocha detalló que Buenrostro apuntó directamente a la era de Lorenzo Córdova: fue en ese periodo cuando Taddei llegó a su cargo en 2014 y cuando los hermanos Hernández Casillas presuntamente amasaron contratos descomunales a través de las OPLEs, operadas bajo la batuta del consejo de aquel entonces.
Sin embargo, el expediente no está exento de contradicciones que incomodan a Palacio Nacional. Como cuestionó el periodista Luis Cárdenas, aunque la narrativa oficial culpa al “villano favorito” —rastreando a los operadores hasta el CISEN en tiempos de Carlos Salinas de Gortari—, hay una duda incómoda que nadie ha podido responder: si este cártel de proveedores era tan corrupto, ¿por qué demonios siguieron ganando contratos millonarios durante los gobiernos de López Obrador y la propia Sheinbaum?
La pugna está al rojo vivo: un choque de señalamientos, acusaciones cruzadas y millones en juego que amenaza con dinamitar la credibilidad de ambos lados.
